Así lo afirma este organismo en su cuarto informe sobre el racismo y la intolerancia en España, hecho público este martes, en el que también critica la ausencia de datos sobre delitos racistas o incidentes de discriminación por motivos raciales o étnicos.

En el debe, la ECRI también incluye que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional la penalización de la negación del Holocausto y que el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico no sea un órgano independiente ni sea "bien conocido por el público".

En el capítulo educativo, el Consejo de Europa ha detectado como problemas "la distribución desigual de alumnos inmigrantes y gitanos y la existencia de escuelas gueto", así como la restricción para acudir a la universidad para los extranjeros residentes legales.

Respecto de la comunidad musulmana, menciona "los obstáculos para la obtención de permisos de construcción de mezquitas y el hecho de que a menudo no se respete el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa basada en el Islam".

La ECRI también critica la ausencia de una comisión independiente que investigue las denuncias de mala conducta policial y las "restricciones discriminatorias" de la ley de extranjería porque "garantiza el derecho a la ayuda a la vivienda en condiciones de igualdad con los españoles solamente a los extranjeros residentes a 'largo plazo', y en el resto de los casos deja la decisión a la discreción de las comunidades autónomas con competencias en este ámbito".

Asimismo, considera que la nueva ley de asilo limita este derecho a las personas de países no comunitarios y los apátridas, que hay falta de trabajadores sociales en los centros de internamiento de inmigrantes y que existen "muchas deficiencias" en el trato que reciben los menores extranjeros no acompañados.

En su informe, la ECRI incluye tres recomendaciones prioritarias que revisará en el plazo de dos años: recopilar y publicar datos sobre los actos de racismo y discriminación racial, incluir cursos obligatorios sobre derechos humanos y no discriminación en la formación de los agentes policiales y los jueces, y garantizar una distribución equitativa de los alumnos españoles, inmigrantes y gitanos en las escuelas.