Tribunales

El juez García Castellón propone sentar en el banquillo a los hermanos Muñoz y a Villarejo por extorsión y revelación de secretos

MADRID
SERVIMEDIA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto en el que concluye la instrucción de la pieza número 6, conocida como 'proyecto Pintor', del llamado 'Caso Tándem', donde se han investigado diversas actuaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo. El magistrado acuerda dirigir el procedimiento contra el excomisario, su hijo, su abogado Rafael Redondo, los empresarios Juan y Fernando Muñoz y otras nueve personas por los delitos de extorsión y dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Los hechos que han originado esta pieza se centran en la contratación que realizaron los hermanos Muñoz a principios de 2017 de los servicios de José Manuel Villarejo para conseguir información de un exsocio que se había declarado insolvente ante una reclamación de un millón y medio de euros de la Agencia Tributaria (AEAT) en concepto del IVA. Al declararse insolvente, toda la reclamación se dirigía exclusivamente frente a Fernando Muñoz.

En su auto el juez relata que Villarejo, con la colaboración de varios de los miembros de su entramado empresarial denominado Grupo Cenyt, proporcionó a los hermanos Muñoz diversa información sensible y de acceso restringido a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental.

El objetivo de esa contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del exsocio investigado, a la par que obtener "debilidades" de la otra parte, como medida de presión para forzar al socio y a su abogado, a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.

Para obtener la información sensible convenida con sus clientes, José Manuel Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se valieron de los servicios de una detective y de funcionarios de policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales.

De la investigación realizada el juez concluye que la actividad contratada a Villarejo "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, constatándose que Jose Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar" una situación de crisis" que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial".

A partir de ahora las acusaciones disponen de 10 días para formular su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

(SERVIMEDIA)
12 Jun 2020
SGR/mjg