El grupo de trabajo, cuya actividad se desarrolla inicialmente por medios telemáticos, está formado por destacados profesionales y juristas del ámbito digital, entre ellos el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, Tomás de la Quadra-Salcedo; el abogado y consultor Borja Adsuara, y Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado.

También formarán parte del grupo Manuela Battaglini, CEO de Transparent Internet; Susana de la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha; Celia Fernández Aller, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Madrid; Enrique Goñi, del Instituto Hermes; Simona Levi, cofundadora de Xnet; Paloma Llaneza, CEO de Razona Legal Tech, y Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

El grupo lo completan Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet; José Luis Piñar, catedrático Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo; Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona; Javier Ruiz Díaz, policy director de Open Rights Group; Emilia Saiz, secretaria general de United Cities and Local Governments (UCLG) y participante en CC4DR (Cities Coalition for Digital Rights de Naciones Unidas); Ofelia Tejerina, secretaria general de la Asociación de Internautas, y Carissa Véliz, investigadora de Ética y Humanidades en la Universidad de Oxford.

La constitución del grupo asesor estuvo presidida este lunes por videoconferencia por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Junto a ella también participaron la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, cuya Secretaría de Estado ha impulsado la creación del grupo, así como representantes de la Vicepresidencia Primera, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; del Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos, según informó hoy el Ministerio de Asuntos Económicos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso que concluirá con la elaboración de la Carta de Derechos Digitales por parte del Gobierno va a contar con dos mecanismos de participación. El primero es el trabajo del grupo de expertos puesto en marcha este lunes y el segundo se desarrollará en paralelo y consistirá en una consulta abierta, en la que podrá participar el conjunto de la ciudadanía, y cuyo resultado servirá igualmente como contribución para los trabajos de este grupo.

En la actualidad, el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, dedicado a garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, proclama derechos tan importantes como los relacionados con la protección de datos, el ámbito laboral, la protección de los menores o con los medios de comunicación y las redes sociales.

Con el fin de completar y desarrollar este marco normativo, el Gobierno ha lanzado el proceso de elaboración de esta Carta, únicamente dedicada a los derechos digitales, para incluir algunos todavía no recogidos en el citado Título X. Es el caso de los relacionados con la protección de colectivos vulnerables, las nuevas relaciones laborales o el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.