El acto estuvo presidido por el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, y a él asistieron el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (Jema), general Javier Salto; el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Tora; el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco Díaz, y la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide.

Por parte de la industria de Defensa, firmaron el protocolo los representantes de las siguientes empresas: el consejero ejecutivo de Indra, Ignacio Mataix, como coordinador nacional del programa y líder industrial nacional de los pilares tecnológicos de sensores, nube de combate y Simlab; el consejero delegado de Airbus, Alberto Gutiérrez, representando a la empresa líder de los pilares tecnológicos del nuevo caza y del pilar de tecnologías de baja observabilidad, y el consejero director general de ITP Aero, Carlos Alzola Elizondo, en su papel de líder del pilar tecnológico de motores.

Por parte del Consorcio Satnus, constituido para liderar el pilar tecnológico de operadores remotos firmaron los representantes de cada una de las empresas que lo componen: el director general de GMV, Jesús B. Serrano Martínez; el director general de SENER, José Julián Echevarría Aguirre, y el presidente del Consejo de Administración de Tecnobit, Luis Furnells Abaunz.

Olivares destacó “el firme compromiso de la industria de Defensa con España” durante toda su historia, que se ha demostrado ahora con la gestión de la pandemia y también con su implicación en este programa.

También puso de manifiesto que “es un motivo de satisfacción” involucrar en este acuerdo a empresas competidoras para establecer prioridades con visión de futuro en torno al “avión de combate europeo”.

A su vez, afirmó que, si la Directiva de Defensa Nacional que firmó el Gobierno la semana pasada hubiera estado vigente en 2018, “el debate por la conveniencia de participar o no en este proyecto no se hubiera producido”, ya que “lo que en su momento era una opción, con esta directiva se ha convertido en una obligación”.

Agradeció a los tres ministerios que participan en este proyecto -Hacienda, Industria y Ciencia e Innovación-, junto al Ministerio de Defensa su implicación, lo que le sirvió para propugnar que “estamos ante un proyecto de Estado y tenemos la obligación de encontrar los puntos de encuentro para coordinar esas actuaciones al servicio de la Defensa”.

Por último, dejó claro que “España deberá contar con financiación necesaria para dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades suficientes para cumplir sus compromisos”, señalando el compromiso inicial de 110 millones de euros y de 250 millones anuales en los próximos ejercicios.

La firma de este Protocolo con el Ministerio de Defensa representa un “nuevo paso adelante” en la implantación de la estrategia industrial española para el programa NGWS, cuyo objetivo es culminar una incorporación como socio de pleno de derecho y con el mismo peso que Alemania y Francia.

La finalidad del protocolo general de actuación es “el establecimiento de los necesarios mecanismos de protección de los activos y capacidades industriales de las mencionadas empresas o de cualquiera de sus empresas participadas cuyo objeto social esté vinculado con la defensa y que afecten a los intereses esenciales de seguridad de España”.

Estos mecanismos y capacidades están recogidos en el Acuerdo Especial de Seguridad adjunto como Adenda y suscrito en unidad de acto con el del Protocolo de Actuación.

En el acto también se suscribió el acuerdo de confidencialidad, que contiene los mecanismos de protección de la información y/o documentación clasificada o sensible asociada al proyecto NGWS, y el Código de Conducta para Contratistas y Subcontratistas de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.