En concreto, Fernández Marugán pidió al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores donde se regulan las sujeciones mecánicas, a fin de acabar con estas prácticas como medio de contención en estos lugares.

En su opinión, “es necesaria una decisión rápida y radical que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas", y ello "exige la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores”.

Por otra parte, el Defensor instó a la Junta de Andalucía y a la Ciudad Autónoma de Melilla a suspender la práctica de sujeciones mecánicas a las personas que se hayan bajo custodia en los centros de su jurisdicción, dictando a tal efecto las instrucciones oportunas.

A su juicio, “la práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo". Están "en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”, añade.

Desde 2017, dos jóvenes han muerto tras ser sometidos a una contención mecánica en Melilla y en Almería. Para Fernández Marugán, “no puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”. "Lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia y lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privación de libertad antes de la mayoría de edad”, y apunta que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia.

En esta línea, abogó por “técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo ni la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”.

NUEVA VISITA

Técnicos de la Institución han inspeccionado de nuevo el centro 'Tierras de Oria', donde en julio de 2019 falleció un joven mientras se le aplicaba esta medida de contención.

Esta es la segunda visita a este lugar. En marzo de 2018, el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya encontró deficiencias relacionadas con la práctica de contenciones mecánicas en este centro, tales como una falta de adecuación de la habitación para la aplicación de este tipo de medidas coercitivas y la ausencia de un libro de registro en el que quedara apuntado el uso de la contención a los menores.

Tras esta inspección, la institución sugirió a la Junta de Andalucía que adecuara una habitación de mayores dimensiones para la aplicación de las sujeciones mecánicas, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de vídeo vigilancia con audio.

Asimismo, el Defensor del Pueblo pidió a la Administración “una reflexión general sobre la idoneidad del empleo de esta medida en las actuales circunstancias (deficiencias estructurales y falta de formación del personal) en los centros de menores infractores”.