Le acusa de haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en relación con la contratación de sus servicios por un bufete de abogados.

El ministerio público ha remitido sus conclusiones provisionales al juzgado central de instrucción del número 6 de la Audiencia Nacional en relación a la pieza número 2 del ´caso Tándem´, conocida como `Iron´. En esta causa se investiga la contratación de Villarejo por el despacho de abogados, Herrero&Asociados S.L para espiar a un bufete competidor, Balder Ip Law.

La Fiscalía atribuye a Villarejo y al comisario García Castaño la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Esta es la primera de las más de 20 piezas de la `caso Tándem´, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo, cuya instrucción se da por concluida. En la pieza `Iron´ se investigan los servicios prestados por Villlarejo a Herrero&Asociados S.L. para “solventar una situación de crisis” por la sospecha de que algunos de sus empleados daban información sobre sus clientes a un bufete de la competencia.

Se trataba de un servicio que incluía la "obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado". Bajo ese paraguas, Villarejo supuestamente habría rastreado llamadas telefónicas sin autorización judicial, recopilado datos y movimientos en cuentas bancarias, y se habria hecho con información tributaria y con datos de pago de impuestos y de la Seguridad Social del despacho Balder IP Law.

El escrito de Anticorrupción se dirige además de a Villarejo, a otras 13 personas, entre ellas su esposa, Gema Alcalá, para la que piden 50 años de cárcel; el comisario García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, y el abogado del Villarejo, Rafael Redondo.

En el escrito también dirige contra los expolicías Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro. También procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Alvaro Martínez y María Angeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo.