La demanda la formularon durante la cumbre empresarial organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) los presidentes de las patronales de la construcción CNC, Juan Lazcano; de los promotores APC, José Antonio Gómez Pintado; del cemento Oficem, Víctor García Brosa, y de los fabricantes de productos de construcción Cepco, Luis Rodulfo Clemente.

“No podemos actuar por la vía de los ingresos, sino del gasto”, defendió Lazcano, ante el doble schock sobre la oferta y la demanda que está teniendo la crisis por el coronavirus y que es factible además por la alta liquidez que hay en el mundo y las ayudas de los bancos centrales.

A diferencia del 2008 indicó que la salida al exterior “no es posible” para reactivar la economía dado que es una crisis global”. “Sólo saldremos de ésta con una inversión masiva en infraestructura”, consideró, recordando que hasta la Comisión Europea lo alienta en su último informe sobre España, donde dijo que considera que “no es momento de ajuste” sino de “anticipar proyectos de inversión pública” para combatir la pandemia y favorecer el empleo aprovechando los fondos que puedan venir desde Europa.

En favor de reforzar la inversión en infraestructuras indicó que por cada euro invertido genera 1,92 euros de actividad inducida y 49 céntimos de retorno fiscal, y es un sector que no tiene la necesidad del sector exterior para un óptimo desarrollo ya que apenas supone el 9% de las exportaciones.

La infraestructura y construcción “constituye el andamiaje y soporte para el bienestar social”, abundó, refiriendo que la crisis puede ser una “oportunidad con diez años por delante para abordar su modernización y consolidación”, además de poder avanzar en la agenda 2030 con proyectos que abunden en reducir las emisiones, en sanidad, en gestión de aguas, en energías no contaminantes o promoción del transporte ferroviario, etc.

Según indicó, en diez millones de edificios en España hay 26 millones de viviendas y sólo el 5% están construidas con las condiciones sostenibles de edificación, mientras que el 55% no se ajusta a ninguna normativa así. Alertó de que el 80% de los edificios seguirán en pie cuando en el 2050 la UE propone alcanzar la neutralidad de emisiones.

Conforme a sus números, si al fondo nacional del plan de vivienda se destinaran 2.000 millones al año, se pasaría de 30.000 viviendas sostenibles al año a 120.000 y en cuatro años se habría movilizado 52.000 millones en inversión o actividad, generado 280.000 puestos de trabajo y reducido en 7.000 millones los costes de desempleo, con 15.200 millones generados en aportación fiscal.

Para dinamizar la demanda pidió reducir el coste fiscal en el IVA, IBI, desgravaciones en el IRPF y el impuesto de sociedades vinculada al fomento de la sostenibilidad, y ayudar a las comunidades de propietarios y ciudadanos en la rehabilitación de viviendas.

PLAN DEL ICO PARA VIVIENDA DE JOVENES

El presidente de la patronal de los promotores APC, José Antonio Gómez Pintado, reclamó a su vez al Gobierno que el ICO avale al 95% las hipotecas de los más jóvenes para garantizar su acceso a viviendas y dinamizar un sector, el promotor, capaz de generar empleos. Según detalló, sólo el 17% de las personas menores de 35 años han podido emanciparse y alertó de que el alto desempleo juvenil “va a impactar en el futuro en las cuentas públicas y en la sostenibilidad del sistema de pensiones” si no somos capaces de dar una solución.

A su juicio es prioritario ofrecer la línea de avales que no supone una ayuda directa del Erario y dado que, de los más de 7,5 millones de jóvenes, “1,5 millones tienen capacidad de pago, pero aún no de ahorro”, ya que los bancos solo están financiando el 75% del valor de los pisos.

“Solucionaríamos varios problemas de una tacada”, agregó en alusión a que se daría acceso a una vivienda a los jóvenes y las arcas del Estado recaudarían más por la actividad inducida, “sin poner un euro el Estado, sólo con el compromiso firmado del acuerdo de entregar el aval”.

Gómez-Pintado dijo que hay sistemas similares en países como Reino Unido o Francia con casos de éxito, y pidió además inversiones para avanzar en la descarbonización desde el sector inmobiliario con regeneraciones urbanas a través de una cooperación pública-privada. Según dijo, hay grandes bolsas de edificios construidos en los 50 y 60 que “por mucho que gastemos en ellos no dejan de ser infravivienda”.

Asimismo, demandó una “modernización” de la administración porque los retrasos burocráticos llegan a “plazos insostenibles” y disparan los costes en cosas como tramitar licencias. Su retraso dijo que encarece de media una vivienda entre 25.000 y 40.000 millones en función de la comunidad autónoma. Además, pidió una ley de seguridad jurídica para que se ataje una situación que hace que las tramitaciones administrativas demoren entre 7 y 20 años la disposición de suelo, “nuestra materia prima”.

GENERACIÓN DE EMPLEOS

Según el presidente de Oficemen, Víctor García, cada 1.000 millones invertidos en el sector de la construcción genera 10.000 puestos de trabajo directos y otros 5.000 en industrias conexas. Lamentó que “llevamos diez años perdidos” en materia de infraestructuras públicas por los sucesivos ajustes para cuadrar cuentas públicas, “y es algo que, como país, no nos podemos permitir”.

Coincidió también con la necesidad de dar un impulso decidido a las infraestructuras para avanzar en la agenda 2030, facilitar la venta y rehabilitación de vivienda, y en clave de la industria del cemento abogó por fomentar su uso frente a la internacional garantizando reglas de juego iguales. Por ejemplo, consideró una “necesidad imperiosa” aprobar el estatuto de la industria electrointensiva porque sin él la industria española soporta un coste del 20-25% “por encima de las empresas alemanas y francesas”, o exigir las mismas condiciones de calidad, sostenibilidad y eficiencia a las empresas que venden en el país.

Según indicó, un incremento “sostenido de la inversión” en la construcción e infraestructuras equivalente al 1% del PIB, generaría 100.000 empleos directos y 80.00 indirectos. “Es el impulso que nuestro país necesita en estos momentos”, concluyó.

Para el presidente de Cepco, Luis Rodulfo Clemente, es el momento además de poner coto a la morosidad para evitar impagos a “toda la cadena de valor”. Explicó que el sector que representa facturó 28.000 millones de euros el pasado año en España y casi 25.000 millones fuera, y representa el 8,23% de las exportaciones, con más de 33.000 compañías.

Defendió su alta involucración en I+D+I y certificación de procesos por Aenor y demandó que esta misma calidad certificada se pida a otros competidores no nacionales, así como que lo tenga en cuenta la ley de contratos de sector público. De manera ilustrativa indicó que se ha visto que es así con mascarillas importadas que no reúnen las condiciones adecuadas de calidad.

Para el sector reclamó un plan de internacionalización específico al ICES y en cuanto a la inversión en infraestructuras refirió que se necesita más allá de las carreteras por ejemplo en infraestructuras educativa, sanitarias, de transporte, de energía o de agua y demandó un plan de vivienda en alquiler accesible para los jóvenes.