Mazón se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Baja, en el que preguntó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por el hecho de que la Abogacía del Estado haya recurrido una sentencia que obliga al Estado a pagar 22 millones de euros por unas obras en el Hospital Valdecilla de Santander.

El representante del PRC acusó al Gobierno de “menosprecio” a los cántabros y “prepotencia” al recurrir para no hacer frente a la deuda de este hospital santanderino, que dijo es un centro “de referencia nacional” y que es fundamental para los ciudadanos de la comunidad a los que presta servicio.

Mazón señaló que el recurso es “un agravio más a todas las noticias que se han producido en los últimos días” respecto a Cantabria, entre las que citó que a esta autonomía se le haga una asignación que considera insuficiente en el fondo del Covid-19, algo que atribuyó a “un trapicheo político difícil de justificar”.

“NORMALIDAD PROCESAL”

Este diputado añadió que se le hace “muy difícil entender la postura de este Gobierno” tanto en la cuestión de la deuda del Valdecilla como en el reparto del fondo del coronavirus, decisiones que dijo van “a obligar” al PRC “a modificar” su relación con el Ejecutivo. Sostuvo que el Gabinete de Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de rectificar en los Presupuestos del Estado, aunque advirtió que “del PRC ya saben lo que pueden esperar”.

Por su parte, Campo afirmó que el “compromiso” del Gobierno con Cantabria “es total” y que una “discrepancia procesal”, como dijo es la del recurso por la deuda del Valdecilla, no se puede convertir en una “guerra” entre distintas partes de España.

El ministro explicó que, en el caso de la deuda del Valdecilla, “el Gobierno no recurre, recurre el Estado” y que se hace por “motivos puramente técnicos”. Explicó que los técnicos consideran que la sentencia que obliga a pagar 22 millones de euros por las obras de este centro médico cántabro “perjudica” los intereses del Estado.

Según el titular de Justicia, se trata de una cuestión técnica, ya que lo que se discute es la forma en que “se habilitan o justifican” determinadas subvenciones, algo que dijo hay que ver dentro de la “normalidad procesal” y no buscar por ello “enemigo donde no los hay”.