En concreto, añadió, la creación y regulación de este registro y del régimen de habilitaciones facilitará la relación y el contacto entre los diferentes niveles administrativos del Ejecutivo regional y aquellos usuarios que declaren carecer de medios electrónicos suficientes.

Aguado afirmó que se sigue trabajando con el objetivo de garantizar la asistencia y el apoyo de la Administración pública a todas las personas que lo requieran, incluyendo los procesos de contacto y relación con la propia Administración.

El registro dará cuenta de los empleados públicos capacitados para operar en todos los procesos referidos a la identificación y firma electrónica de los ciudadanos, a los que asistirán en la cumplimentación de solicitudes en procedimientos administrativos, recepción o rechazo de notificaciones telemáticas, seguimiento de expedientes de procedimientos en los que tengan la condición de interesados, expedición de copias auténticas y obtención de certificados y licencias a través del servicio de respuesta inmediata, entre otros.

Para garantizar y salvaguardar los derechos de usuarios y del personal de la Administración de la Comunidad de Madrid, se habilitarán los canales de acceso necesarios, incluyendo el desarrollo de sistemas y aplicaciones. Por tanto, se aplicarán los sistemas tecnológicos en los que ha de sustentarse el funcionamiento del propio registro y la gestión diaria que realicen los encargados de dar asistencia a la ciudadanía.

En este sentido, añadió, y en aras de asegurar su eficacia y máxima inmediatez en sus actuaciones, el registro estará guiado por la exigencia de interoperabilidad e interconexión con los organismos correspondientes de las restantes administraciones.

Tras la declaración del estado de alarma como consecuencia de los efectos ocasionados por el coronavirus, consideró que la agilidad a la hora de tramitar este proyecto permitirá culminar su aprobación en el último trimestre de 2020.