Exteriores emitió un comunicado en el que explicó que el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares establece que los funcionarios consulares pueden autorizar notarialmente en países extranjeros actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en España, así como, capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española.

“La finalidad de este convenio es el diseño y desarrollo de procedimientos que sirvan para mejorar el sistema español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, explicó Martínez Sanchiz, quien añadió que “desde ahora, los cónsules y diplomáticos encargados de la fe pública serán considerados funcionarios incorporados al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado”.

Hasta ahora, y como sujetos obligados por la normativa, los funcionarios diplomáticos informaban al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias (Sepblac) de los indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas operaciones.

Juan Duarte explicó que desde la firma de este convenio los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial con información sobre la identificación de los intervinientes o representantes, el tipo e importe de la operación, la localidad y fecha de la firma o la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores, activos financiero).

A su vez, los técnicos del OCP analizarán la información -de la misma manera que hacen con los datos remitidos por los notarios españoles-, y la incorporarán a la información que remiten al Sepblac o a las instituciones con las que colaboran: fiscalías, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o Agencia Tributaria.

Al mismo tiempo, los funcionarios diplomáticos incorporarán información a la Base de Datos de Titular Real del Notariado a través de la remisión de todos los documentos públicos que afecten al tracto de acciones o participaciones de sociedades mercantiles españolas y que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, españolas o extranjeras.

Por último, el convenio recoge la edición de un manual interno para las oficinas consulares, con el fin de estandarizar y unificar los procedimientos en esta materia, y la aprobación de un plan de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.