Operado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), el buque auxilió el 13 de abril a 44 personas que se encontraban a la deriva en el Mediterráneo y tras recibir instrucciones por parte de Italia, desembarcó a los náufragos en Palermo (Sicilia).

En ese momento, la administración decidió someterlo a una inspección, tras la que se apuntaron ciertas deficiencias en el barco. Según la ONG, dichas "deficiencias" no se corresponden ni con la categoría ni con las dimensiones de la nave.

Desde entonces se ha negociado con la autoridad marítima italiana un permiso que permita al Aita Mari volver al puerto base (Pasaia) y realizar un mantenimiento a bordo. A su juicio, Italia estaba yendo "en contra de la normativa marítima internacional como una manera de evitar nuestra navegación". Considera que como todos los procesos legales y judiciales contra barcos solidarios han resultado nulos en el pasado, "ahora han adoptado esta postura de acoso para desincentivar que la sociedad civil conozca qué hace Europa en el Mediterráneo con las personas migrantes".

"Estos casi 50 días en puerto nos han costado más de 55.000 euros en tasas portuarias especiales, de inspección y suministros en Palermo", apuntó, destacando que no han tenido "opción a recurso". SMH indicó que esta estrategia, igualmente aplicada al buque Alan Kurdi, "es la última ocurrencia de los países europeos para atacar a las ONG de rescate".

"Con este agravio económico trastocan los esfuerzos de decenas de voluntarios que dan su tiempo para hacer navegar al Aita Mari y generan incertidumbre al resto de buques solidarios", explicaron.