El Ministerio del Interior hizo públicos este martes los datos del balance anual de la actividad policial en la lucha contra la venta de falsificaciones, estudio estadístico que está disponible completo en el Portal Estadístico de Criminalidad. Este balance recoge la actuación de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra y aquellos cuerpos de policía local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha hecho eco de los datos porque contribuyen a la necesaria sensibilización del consumidor español sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados.

De los casi cinco millones de productos falsificados intervenidos, 2.417.981 pertenecen al sector de bebidas y comestibles y habrían alcanzado en el mercado un valor de 33.250.082 euros. Le sigue el sector textil: las 470.957 falsificaciones requisadas están valoradas en 33.908.904 euros. En el siguiente peldaño se encuentra el sector de marroquinería y complementos, con 86.706 objetos requisados por un valor de 31.053.486 euros.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial provocan consecuencias negativas para la economía en general porque destruyen puestos de trabajos directos, reducen la venta de los productos legales y generan efectos no deseados en ámbitos como el social o el de la seguridad y salud de los consumidores, ya que los productos falsificados eluden las normas existentes en esta materia, así como los controles e inspecciones oportunas para su posterior comercialización de forma segura.

Los datos recogidos en el Sistema Estadístico de Criminalidad reflejan que la incautación de estas falsificaciones se ha producido, sobre todo, en las naves, fábricas y almacenes donde se fabrican o desde donde se distribuyen (el 29,26% de las ocasiones). Los establecimientos de venta (12,24%) y los recintos aduaneros de puertos y aeropuertos (4,18%) les siguen en la lista de puntos de incautación.

Castilla y León, Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas que se sitúan en los puestos más elevados del listado que toma como punto de referencia el número de objetos intervenidos durante 2019.

Según estudios de Euipo de 2019, suponen pérdidas de ventas con valor de 6.766 millones de euros en España al año y más de 53.467 empleos perdidos.