En el texto, denuncian que "los planes del Gobierno israelí, de anexionar partes de Cisjordania, incluyendo el valle del Jordán, suponen una grave amenaza para los derechos del pueblo palestino y ponen en riesgo la vialidad del Estado palestino", y dan "un nuevo paso en su ilegal estrategia de ocupación y de sometimiento al pueblo de Palestina", del que seguirán "la segregación de centenares de miles de familias palestinas de su entorno socioeconómico, la violación de los derechos de propiedad y la usurpación de una buena parte de las tierras agrícolas palestinas".

"El Gobierno de Israel planifica la sujeción a su marco legal no solo de fértiles terrenos agrícolas, sino también de recursos hídricos fundamentales para el desarrollo económico palestino", continúan los firmantes, que denuncian que "prepara también una nueva avanzada respecto a Jerusalén Este, mediante la continuación de la anexión de asentamientos en la zona ocupada de la ciudad", lo cual "dificulta enormemente las posibilidades futuras de un acuerdo negociado que incluya el derecho a una capital en Jerusalén, debido al resquebrajamiento de la contigüidad territorial que esto supondría entre Jerusalén Este y Cisjordania".

Por todo ello, instan a que "la presión política y social internacional debe exigir la paralización de las intenciones del Gobierno israelí y la adaptación de todas sus iniciativas al marco legal internacional, que incluye una solución de dos estados basada en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con las fronteras de 1967 e incluyendo a Jerusalén Este como capital de un estado soberano de Palestina".