En un hilo de Twitter, Dalmau escribió: "Desde que aprobamos el decreto-ley valenciano para la ampliación de la vivienda pública no se han detenido las presiones y las amenazas contra mí, tanto públicas como privadas, por parte de los poderes fácticos que defienden a los fondos de inversión".

El vicepresidente y consejero defiende que la norma da preferencia de adquisición a la comunidad y los ayuntamientos para nutrir su parque público ante transmisiones de viviendas como las adquiridas mediante dación en pago, proceso judicial de ejecución hipotecaria, procedimiento de venta extrajudicial o en edificios completos de viviendas.

Según aseguró, el decreto "contó con la participación de los agentes involucrados, organizaciones sociales y empresariales, operadores jurídicos y expertos varios; fue ampliamente participado y se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones que ayudaron a mejorarlo. Siempre con diálogo".

"Pero la propuesta llegó a oídos de los lobbys de sectores económicos poco transparentes y de los grupos de inversión, y sonaron las alarmas. Empezaron entonces las presiones y las amenazas, públicas y privadas, por parte de quienes quieren mandar sin presentarse a unas elecciones", continuó, augurando que "las presiones no cesarán" hasta que el próximo día 15 el decreto-ley se convalide en las Cortes valencianas.

La denuncia de Dalmau coincide con la ofensiva que está llevando a cabo Podemos a nivel estatal al denunciar como una presunta nueva actuación de las "cloacas" policiales y mediáticas las publicaciones que se están sucediendo en torno al llamado 'caso Dina', por la exasesora del líder del partido y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, una copia de cuyo móvil se encontró a finales de 2017 en el ordenador del excomisario de Policía José Manuel Villarejo.