El objetivo es dotar de mayor autonomía al empleado público, primando la eficacia y la profesionalidad, que podrá consensuar con su centro directivo la jornada laboral sujeta a teletrabajo, siempre que se garantice la prestación del servicio.

Para ello, se va a diseñar un plan individual de teletrabajo que permita medir el cumplimiento de objetivos, así como la implicación del trabajador en alcanzarlos. Además, posibilitará realizar un control y seguimiento del rendimiento basado en resultados.

El Gobierno regional ya está analizando el tema con las organizaciones sindicales con representación en este ámbito, tal y como avanzó este sábado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty.

El objetivo, además de promover la eficacia y profesionalidad entre los empleados públicos, es la implantación del teletrabajo para garantizar la conciliación de la vida profesional y laboral, dar un paso más hacia modelo de administración pública digital, luchar contra el absentismo laboral y favorecer la sostenibilidad.

“El Gobierno regional apuesta por un modelo de teletrabajo basado en la flexibilidad, en el que cada unidad administrativa sea la que elija y decida, de una manera consensuada, cómo integrar el teletrabajo en la organización de los equipos, de tal manera que se adapte a las necesidades del trabajador y garantice la prestación del servicio”, destacó Fernández-Lasquetty.

EN REMOTO

El consejero hizo además este sábado balance del funcionamiento del teletrabajo entre los empleados públicos madrileños desde el pasado 11 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid aprobó una resolución para garantizarlo como medida de conciliación ante el cierre de centros educativos, antes de que se decretase el estado de alarma.

Durante estos meses, cerca de 63.000 trabajadores han estado trabajando en remoto, lo que supone uno de cada tres, lo que arroja el dato del 39% del total de empleados públicos. Este porcentaje se eleva al 72% si se excluye a los trabajadores del ámbito sanitario que desarrollan sus funciones de manera presencial.

Fernández-Lasquetty resaltó “el buen funcionamiento” del trabajo a distancia en este tiempo en el que se han tramitado más de 3,4 millones de expedientes". "Además, se han celebrado, de media, cerca de mil videoconferencias a la semana, alcanzando el pico más alto en el mes de mayo con 1.100 reuniones telemáticas en un día", añadió.

Además, a todo esto se une el refuerzo del registro electrónico, que ha multiplicado por diez su capacidad de acceso, y al que se ha incorporado una sala de espera virtual. Con estas medidas se pone como objetivo poder atender con mayor fluidez a las personas que realizan cualquier tipo de trámite ordinario de forma no presencial; también dar una respuesta eficaz a todas aquellas que han solicitado las distintas ayudas que se han puesto en marcha para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19.