En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho. González y su mujer alquilaron el ático a la sociedad Coast Inverstor, radicada en Delaware (EEUU), por un precio de 2.200 euros mensuales a partir de 2008. A finales de 2012, el matrimonio compró la vivienda por 770.000 euros, una cifra que se situaba por debajo del precio de mercado.

Tras pedir la Fiscalía el archivo del caso, el juez de Estepona concluye que la instrucción está "agotada" tras casi ocho años de “ardua” investigación y rechaza practicar las diligencias solicitadas por las acusaciones populares.

La investigación se inició en el año 2012 por una denuncia presentada por el Sindicato Unificado Policía, que sostenía que ese ático fue el pago de favores a del empresario Enrique Cerezo al entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El juez dice en su auto que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, pese a la “ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento” y que “no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado por aquella sociedad para la adquisición de los bienes inmuebles”. De hecho, indica, los informes de la UDEF no han logrado acreditar la existencia de los delitos de cohecho y blanqueo por los que se investigaba a González.

El pasado mes de diciembre, la Fiscalía de Málaga pidió el archivo de la causa tras comprobar que no había indicios suficientes para apoyar la imputación de Ignacio González; su esposa y Enrique Cerezo. Ni la policía ni las comisiones rogatorias libradas por el juez a Estados Unidos para recabar información de la empresa propietaria del inmueble han aportado evidencias de delito a la causa.

El matrimonio compró el inmueble en régimen de separación de bienes, de manera que Lourdes Cavero es propietaria del 80% de y pagó 566.000 euros, mientras que González es el propietario del 20% restante, tras aportar 154.000 euro a la compra. Según los informes de la UDEF, la adquisición se realizó con dinero “no sospechoso”.

Las pesquisas no han logrado desentrañar el origen de los fondos utilizados por Coast Investors para la adquisición de los inmuebles, ni tampoco el destino del dinero obtenido con su venta. Por tanto, no se han podido acreditar los vínculos entre la financiación de la compra y la `operación Lezo´, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional.