Así lo detalló la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que recordó que el proyecto fue presentado al Consejo de Estado, informado en marzo y traspone la directiva europea de implicación de los accionistas.

La actual Ley de Sociedades de Capital española ya reconoce a las compañías cotizadas el derecho a acceder a la identidad de sus accionistas, pero la directiva da un paso más, al permitir que conocer quiénes son aquellos inversores últimos que puedan actuar a través de entidades intermediarias como puede ser un depositario de valores.

El texto normativo que se puso en su día a consulta permitía a las cotizadas reclamar así a entidades intermediarias como los custodios o, incluso, a gestoras a revelar la identidad de los inversores últimos en sus títulos.

SOSTENIMIENTO Y VALOR

La ministra portavoz y ministra de Hacienda abundó que la norma redunda en una mejora del buen gobierno corporativo de las cotizada en la UE, busca aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo y contribuir “al sostenimiento económico” y “la creación de valor” de las propias sociedades cotizadas.

Con la identificación del inversor se pretende también incentivar su participación “activa” e “implicación” en la gestión de la sociedad, refirió. La normativa obligará además a hacer pública la política de inversión en la cotizada.

Por otro lado, la normativa regula también “en más detalle” la política retributiva de los miembros del Consejo de Administración, se incrementará la transparencia en operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y también se persigue mejorar la competitividad de los mercados de valores, indicó la ministra.