El documento, que han denominado ‘Informe de Progreso 2020’, hace una recopilación de las medidas aprobadas por el Gobierno en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En él también se trazan una serie de políticas que, a juicio de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, deben marcar la acción del Gobierno en este sentido.

“Nuestro país necesita (…) construir un Pacto por los Cuidados que sea impulsado en esta legislatura, capaz de diseñar un sistema estatal de cuidados sostenido desde lo público, a través de una activa colaboración de todos los niveles de la administración pública y de los agentes sociales”, recoge el informe.

La Vicepresidencia de Iglesias quiere que este pacto al que hace mención “saque a los cuidados de la mercantilización de la que ha sido en gran medida objeto en los últimos años y que los defina como un derecho universal de las personas, cuyas condiciones de realización tienen que garantizarse en igualdad”.

Asimismo, el documento, que se presentará mañana junto a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el ‘High Level Political Forum’ de Naciones Unidas, defiende otras medidas como la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años o aplicar medidas para reducir la pobreza en España.

“La pobreza infantil es una realidad preocupante de nuestro país que permaneció oculta durante muchos años. Supone una grave vulneración de derechos con consecuencias devastadoras para quienes la padecen, además de un problema inasumible para un país comprometido con el logro de la Agenda 2030”, recoge el informe.

Asimismo, recuerda que en 2018, el 29,5% de los niños, niñas y adolescentes españoles se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social. “Las primeras etapas de la vida son un período fundamental para el desarrollo personal y social de las personas” y “lo que suceda en esta etapa va a condicionar extraordinariamente los niveles de bienestar” de los niños, añade.

Como ejemplo, señala que el alumnado que proviene de hogares situados en el 20% más pobre de la distribución de renta tienen siete veces más posibilidades de abandonar el sistema educativo que aquellos que pertenecen al estrato de mayor renta.

Para aumentar la protección social en aras de la Agenda 2030, la Vicepresidencia de Iglesias reconoce que “es necesario mejorar los instrumentos de redistribución social de la riqueza” y que, por tanto, es preciso “aumentar la progresividad y capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal”.

En este sentido, el informe asegura que es “urgente revisar nuestro sistema tributario” para que sea “un verdadero catalizador de la justicia social y la reducción de la desigualdad, de forma que nuestro país se aproxime a los estándares de justicia fiscal a nivel europeo”.