Con esta afirmación, apoya la decisión de la juez Elena García-Muñoz Alarcos, del juzgado de Instrucción número 1 de Lérida, que se ha negado a ratificar las medidas de confinamiento aprobadas por la Generalitat, aduciendo que estas requerían la aprobación del estado de alarma, lo cual es competencia del Gobierno central.

“La juez lo explica claramente”, según López, quien indicó que “confinamiento no es lo mismo que limitar o condicionar el derecho a la libre circulación”.

“Confinar es privar de la libertad personal, otra cosa es la libertad de deambulación”, apuntó López, quien señaló que la Generalitat, cuando confina, "limita la libertad personal y eso requiere el estado de alarma”.

"TORPEZA" DEL GOBIERNO

El consejero indicó que la restricción de la libre circulación se puede regular a través de la ley de medidas especiales en materia de salud pública y afirmó que las comunidades “tenemos instrumentos” para aplicar en esos supuestos.

Consideró necesario la actualización de la legislación en materia de salud pública, que data de 1986, para adoptar este tipo de medidas “con total tranquilidad” y de acuerdo a los “parámetros legales establecidos”.

Dijo que el Gobierno central no quiso atender esta petición del PP de actualizar las leyes de salud pública y señaló que, de estar aprobadas ya, “se daría tranquilidad a las administraciones”.

Señaló que “la torpeza” del Ejecutivo de no actualizar esas leyes está “provocando este dislate jurídico en Cataluña”.