En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, admitió que sólo conocía ese caso por la prensa y minutos antes de comparecer.

Tras marcar distancias con este asunto, señaló que cualquier intervención de un móvil en España requiere previa autorización judicial y animó a que el presidente de la Cámara catalana denuncie el caso, porque corresponde a la autoridad judicial investigar si este pirateo se ha producido y en qué circunstancias.

Así respondió cuando se le preguntó por las informaciones de 'El País' y 'The Guardian'. Según dicha información, el móvil del presidente del Parlament fue objetivo de un programa espía que solo pueden comprar Gobiernos. Un instituto de ciberseguridad canadiense que investigó un fallo para WhatsApp descubrió que el número de Roger Torrent fue atacado en 2019 junto al de un centenar de personalidades de la sociedad civil en todo el mundo, según la noticia publicada.