Tras la aprobación del Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados y, de manera particular, en lo relativo a la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen y avalado por la mayoría parlamentaria, varias sociedades médico-científicas y las organizaciones de pacientes han firmado un manifiesto.

Un documento que ha sido refrendado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); la de Neumología y Cirugía Torácica (Separ); la de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Secot); la de Geriatría y Gerontología (SEGG); la de Nefrología, de Médicos de Atención Primaria (Semergen); la de Radiología Médica (Seram); la de Neurología (SEN); la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

Todas ellas piden una mayor financiación pública a la investigación biomédica y a la formación médica continuada, hasta alcanzar las tasas promedio de la Unión Europea (UE). "Ello hará posible que podamos lograr nuevos avances en I+D+i clínica y el adecuado desarrollo profesional de los sanitarios, lo que redundará en beneficio del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de sus pacientes".

Además, estas sociedades consideran que es preciso también incrementar la financiación pública destinada al tejido asociativo de pacientes, para que "sean protagonistas y voz activa dentro del SNS". A ello, añaden que su visión, como agente del sistema, es clave para avanzar en una medicina cada vez más centrada en la persona y en sus necesidades.

Asimismo, consideran que que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta, independiente, plural y con rigor científico.

Médicos y pacientes también solicitan seguir avanzando en políticas de transparencia en la relación con la industria farmacéutica y también en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de pacientes, así como también en lo relativo al posible desempeño de cargos de dimensión pública y/o política en el marco de dicha colaboración.

Por último, piden poner en valor el importante papel a nivel estratégico de la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria como generadora de I+D+i, de conocimiento y de riqueza en España.