Así se recoge en el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros que tiene por objetivo favorecer la empleabilidad de mujeres migrantes, de etnia gitana o mayores de 45 años.

De este modo, se reanuda una colaboración que durante cinco años permitió dar cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales del Instituto de la Mujer, como es la promoción del acceso de las mujeres a los derechos sociales y económicos, sobre todo de las que tienen mayores dificultades.

Interrumpido en 2019, el programa busca acabar con la brecha de género en la tasa de empleo, que es de 11 puntos a favor de los hombres entre 24 y 55 años y de 14 puntos para los más mayores. Esta diferencia aumenta aún más al hablar de mujeres migrantes o de otros colectivos vulnerables.

Para ello, busca mejorar sus competencias, capacidades y habilidades laborales y personales, a fin de facilitar su autonomía personal y económica.

El programa ofrece itinerarios adaptados a las necesidades y características de cada mujer, con elaboración de contenidos específicos que tienen en cuenta su diversidad, mediante una metodología interactiva en la que se trabaja la motivación y su acompañamiento para el desarrollo de sus capacidades. El fin último es que adquieran autonomía personal, se empoderen y mejoren su empleabilidad.

Comprende talleres grupales y laborales para su desarrollo personal y profesional, tutorías individualizadas, actividades fuera del aula y prácticas en empresas, asi como el seguimiento a los seis meses de su inserción laboral.

Cobra especial importancia en este programa la puesta en valor de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida por las mujeres, especialmente en el trabajo de cuidados, de cara a la acreditación de competencias profesionales.

En la última edición del programa SARA -desarrollado entre 2018 y 2019- se formaron un total de 578 mujeres en 30 itinerarios de inserción repartidos en toda España y se alcanzó un promedio de inserción del 20,19% durante los seis meses posteriores a la formación.