Los querellantes argumentan en un escrito que el TS podría tomar cartas en el asunto y abrir una investigación a Juan Carlos de Borbón a la vista de la sucesión de “nuevos e importantes acontecimientos”, así como a las recientes actuaciones judiciales desde distintos ámbitos en relación a los delitos cometidos supuestamente por él y las personas que estaban en su círculo de confianza.

La Sala Segunda del Supremo fue la que inició entonces actuaciones a través de la causa especial 21092/2018, para luego archivarlas e inadmitir la querella “en tiempo récord”, durante el verano de 2019, “apenas unos pocos meses después de iniciado todo”. El ponente designado para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez. Los querellantes denuncian en un comunicado hecho público este lunes que “se llegó incluso a imponer a los firmantes una fianza de 12.000 euros, que abonaron puntualmente, para ejercer así su derecho como acusación popular”, una condición que suele ser habitual.

Insisten en su escrito en que ante la existencia de “nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.

Por un lado, IU y el PCE alegan en el escrito que ya no es válido el argumento de que el Supremo empleó hace un año que “los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional”. De hecho, indican, es “público y notorio” que el pasado 27 de julio de 2020 ese mismo juzgado acordó “reabrir la pieza número 5”, conocida como 'Carol', en la que se investigan asuntos relacionados con las actividades del Rey emérito. La reapertura se produce después de que el juzgado decretara el sobreseimiento provisional de las actuaciones en 2018.

El titular de este juzgado, Manuel García Castellón, es quien ha reabierto esta pieza separada del denominado ‘caso Villarejo’ y, entre otras medidas, ha imputado a la amiga de Juan Carlos de Borbón y empresaria comisionista Corinna Larsen a la que ha citado a declarar.

Del mismo modo, los querellantes recuerdan al Supremo que él mismo reconocía en los autos en los que echó por tierra las actuaciones emprendidas que “la querella presentada en su momento por esta representación tenía como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción” de la Audiencia Nacional.

Destacan también que “debe hacerse notar” que en el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 conocido la semana pasada “se precisa en el razonamiento jurídico segundo que las Diligencias de Investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción, en base al testimonio de actuaciones remitidas por el Juzgado Central de Instrucción de la pieza 5 de las DP 96/2017 y posteriores colaboraciones entre Juzgado y Fiscalía Anticorrupción, han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo”.

En su escrito, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida insisten en que tras el archivo de la causa “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”. Recuerdan que “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción” al objeto de que investigue los “fondos irregulares” que Juan Carlos de Borbón “habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.

Se quejan, además, de que “pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.

La querella criminal de IU y el PCE archivadas por el Tribunal Supremo va dirigida, además de Juan Carlos de Borbón y Corinna Larsen, al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, y también al ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.

Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete de ellos referidos directamente al Rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.