Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, hizo esta propuesta en un comunicado tras conocer los datos definitivos de accidentes de tráfico en España en 2019, dados a conocer este jueves por la DGT.

Un total de 1.755 personas perdieron la vida el año pasado en accidentes de tráfico, bien en ciudad o bien en carretera, lo que supone 51 menos que en 2018. Por primera vez la mayoría de las víctimas mortales eran vulnerables (peatones, ciclistas o motoristas).

El número de personas fallecidas disminuyó un 3% respecto a 2018, si bien la evolución varió según el tipo de vía. En las ciudades hubo 519 fallecidos (un 6% más), mientras que en las carreteras se produjeron 1.236 fallecimientos (un 6% menos); dentro de las vías interurbanas, se observan diferencias entre las carreteras convencionales (896 muertos, un 10% menos) y autopistas y autovías (340, un 5% más).

Ledesma indicó que PONS Seguridad Vial ya vaticinó a finales de 2016 que la mortalidad en carretera se iba a concentrar mayoritariamente en los colectivos vulnerables y en el ámbito urbano.

Respecto a las vías interurbanas, comentó que la reducción del límite genérico de 100 a 90 km/h para coches y motos en las carreteras convencionales ha supuesto una reducción del 10% de la mortalidad en esas vías, "verdadero foco del problema de seguridad vial" en España. "Este porcentaje podría reducirse en un 5% en el plazo de cinco años si se ordena un proceso vigilancia intensiva mediante el sistema de drones con cinemómetro embarcado en estas vías", comentó.

Sobre las vías urbanas, Ledesma subrayó que "se confirma el olvido de las políticas de seguridad vial por parte de las instituciones". "El criterio de la calidad del aire ha 'abducido' a todas las Administraciones (estatal y locales) y la seguridad vial se ha quedado huérfana. Las consecuencias, un aumento del 6% de la mortalidad en un entorno donde, con mínimas medidas, pueden conseguirse grandes resultados. La consecuencia fundamental viene para los usuarios vulnerables, especialmente ciclistas y motoristas", apuntó.

Por ello, abogó por bajar el límite genérico de velocidad a 30 km/h en las calles de un solo sentido y que haya auditorías urbanas de "pacificación del tráfico" para que los ayuntamientos conozcan los lugares que necesitan un mayor control de la velocidad.