Así consta en un comunicado conjunto emitido tras la reunión telemática mantenida hoy por los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto Rique (PNV); de Cádiz, José María González Santos (Adelante Andalucía); de Granada, Luis Salvador García (Ciudadanos); de Lleida Miquel Pueyo (ERC) y de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP).

También participaron los alcaldes de Murcia, José Francisco Ballesta Germán (PP); de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG); de Reus, Carles Pellicer (Junts); de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza (Coalición Canaria); y de Zaragoza, Jorge Azcón Navarro (PP).

A pesar de no participar en la reunión, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), se adhirió al contenido del comunicado.

El objeto de la reunión fue el de analizar las consecuencias económicas que, sobre estos municipios, tendrá el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financiaras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

También se discutieron las acciones a adoptar conjuntamente “para garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales anunciados esta misma semana”.

En el comunicado conjunto los alcaldes reivindicaron el “papel fundamental” que han desempeñado todos los ayuntamientos en la gestión de la pandemia y de sus consecuencias económicas, “independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”.

Este preámbulo les sirvió para rechazar el acuerdo suscrito entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda que “vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”.

A ello añadieron que los criterios para la distribución de esos fondos “no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

Ante esta situación, exigieron a la FEMP y a Hacienda la “rectificación de forma inmediata” del acuerdo y el inicio de nuevas negociaciones que posibiliten el establecimiento de unos criterios de reparto de los fondos fundamentos en la “igualdad y en la solidaridad”, en la línea de lo realizado con las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno.

También reivindicaron los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno que “arbitre un sistema de ayudas” a todos los ayuntamientos para afrontar las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia.

En ese sentido, reclamaron que los ayuntamientos tengan la capacidad de “disponer libremente” de los remanentes acumulados durante los últimos años para destinármelos “a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”.

Por su parte, se comprometieron a seguir defendiendo la “igualdad” y la “solidaridad” en el reparto de los fondos estatales entre los municipios y a “preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos”.

Estos alcaldes solicitaron a los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado que rechacen el acuerdo y que “defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten”.

Por último, reclamaron una “reunión inmediata” al Ministerio de Hacienda para “replantear las ayudas estatales a los municipios”, “reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021”, “avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual” y “definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros”.