Así queda establecido en la Resolución SLT / 2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covidid-19 al territorio de Cataluña, firmada por la consejera de Salud, Alba Vergés.

Esta limitación será aplicable a las mesas ubicadas en terrazas, restaurantes y bares, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de ellas, sin perjuicio del cumplimiento de las distancias mínimas entre tablas o grupos de tablas, que establezcan las resoluciones de las autoridades sanitarias.

En dichas reuniones no pueden participar personas que tengan síntomas de Covid-19 o que deban estar aisladas o en cuarentena por cualquier motivo.

DIVERSAS EXCEPCIONES

Según la resolución, no quedan sujetas a esta prohibición las actividades laborales, las actividades de culto, actos religiosos como bodas, servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres ni los medios de transporte público.

También quedan excluidas las actividades culturales, de artes escénicas y musicales, cine o exposiciones tanto en recintos estables, tales como teatros, cines, carpas de circo o similares, siempre que se cumplan las indicaciones de los planes sectoriales aprobados por el Comité de Dirección del Plan de actuación del Procicat.

Lo mismo ocurre en el caso de bibliotecas, archivos, museos y monumentos y de las actividades lúdicas, recreativas y la apertura al público de equipamientos deportivos, parques de atracciones y parques infantiles.

Esta limitación tampoco es aplicable al derecho de manifestación, que podrá ser ejercido en las condiciones que determine la autoridad competente y sin perjuicio del cumplimiento de las limitaciones establecidas con carácter general por las autoridades sanitarias en los espacios públicos.

FIESTAS LOCALES

Por otro lado, según la resolución, corresponde a los ayuntamientos determinar la celebración de ferias y fiestas mayores, “sin perjuicio del cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas con carácter general”.

Los ayuntamientos catalanes y la Generalitat serán los responsables de vigilar, inspeccionar y controlar que se cumplen las medidas establecidas en esta resolución y su incumplimiento será sancionado de acuerdo con el Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico para el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

La resolución obliga a las administraciones a emitir informes periódicos sobre los efectos de las medidas, cuya aplicación se prolongará durante un plazo de 15 días.

La Generalitat entiende “especialmente relevante y proporcional" la limitación de las reuniones a un máximo de diez personas teniendo en cuenta que es en el ámbito familiar y social donde se está produciendo un “importante porcentaje” de los contagios, como consecuencia de la “relajación en los controles preventivos para evitarlos” y que, además, muchos de los nuevos positivos son asintomáticos.

El Gobierno de Quim Torra pretende de este modo intentar controlar y aplanar la curva de contagios e intentar evitar que se tengan que adoptar medidas “más limitativas de los derechos de las personas”, como un posible nuevo confinamiento.