“Sí o sí ha de ser llevada a la práctica”, recalcó durante su comparecencia en sesión extraordinaria en la Comisión de Educación y FP a solicitud del Gobierno y de la Diputación Permanente para explicar las medidas que ha adoptado para el curso escolar 2020-2021.

La ministra se refería con ello, entre otras cuestiones, al reparto de los 2.000 millones del Fondo Covid-19 que se destinarán a las comunidades “en septiembre” para la educación, y en concreto, a que se contraten profesores y se adecúen espacios. “Tienen carácter finalista”, recalcó sobre esos fondos. Esos recursos, precisó, “también” se distribuirán a la educación concertada. “Los 2.000 millones dan para mucho”, aseguró pidiendo a las comunidades autónomas que “han de poner algo en educación”.

La ministra defendió que su ministerio “no va contra la familia”, y que el Gobierno tiene como una de sus prioridades “no abandonar a las familias” y confirmó que ha tenido “una conversación” con el Ministerio de Trabajo para ver qué posibilidades de prórroga o adaptación tiene el plan de ayudas a la conciliación que se acaba en unos días y que “importa a Educación, a Trabajo” y en el que podrían entrar otros departamentos como Sanidad e, “incluso”, Inclusión. “Son temas serios”, zanjó.

Durante la comparecencia, la ministra también subrayó que su departamento ha trabajado “denodadamente” desde antes de que se decretase el estado de alarma para adaptar el sistema educativo a las circunstancias de la pandemia. “Todo está documentado”, resaltó, en su labor de coordinación de las políticas educativas para concluir el “dificilísimo” curso pasado y de cara al “no menos desafiante” nuevo curso.

20 REUNIONES

Celaá destacó especialmente las “20 reuniones” de coordinación interterritorial convocadas por Educación “en las que han participado siempre todas las comunidades autónomas” y que, desde su perspectiva, se dieron en un “ambiente constructivo” y “de alto nivel de acuerdo”, la creación de un grupo de trabajo a principios de agosto y la “interlocución” con los consejeros.

En esta línea, también se refirió a que desde junio Educación y Sanidad pusieron a disposición de la comunidad educativa una serie de recomendaciones para adaptar la vuelta a las clases presenciales de forma segura y con la presencialidad como norma general ante la pandemia del Covid-19, documentos que son una guía “viva, dinámica y adaptable a la evolución de la pandemia”, pero que ofrecen recomendaciones “básicas” para que las autonomías articulen sus propios protocolos. “El hecho innegable es que todas las comunidades han desarrollado sus propuestas” a partir de esos documentos, recalcó.

Asimismo, la responsable de Educación apeló a la “lealtad institucional” y a la cooperación de las administraciones para seguir trabajando en un inicio del curso lo más seguro posible.

Por otra parte, la ministra se refirió a que se ha creado un Grupo de Trabajo para el Seguimiento del Covid-19, para analizar y evaluar la evolución de la pandemia en el ámbito escolar y de la Formación Profesional.

INTERVENCIONES

Abrió el turno de intervenciones el diputado de UPN Sergio Sayas, que lamentó la “falta de liderazgo” e “improvisación” de la ministra y que ha provocado “incertidumbre” en familias, docentes y equipos directivos. El parlamentario acusó a Celaá de lavarse las manos y que las medidas que ha propuesto “son de carácter sanitario, no educativo”. “Que alguien tome el timón en el Gobierno” para gestionar la crisis del Covid-19, pidió. “Asuma su responsabilidad o deje que lo haga otro”, zanjó.

En la misma línea se pronunció Marta Martín, de Ciudadanos, que aseguró que las recomendaciones de Educación para el nuevo curso tienen un carácter más sanitario. La diputada subrayó que “las competencias en Educación no están transferidas, son compartidas” y pidió “unificar” protocolos, dar recursos, y el desarrollo normativo de medidas para “adaptar” la situación.

Isabel Ponzueta (EH Bildu) expresó la preocupación de su grupo por la falta de certezas y medidas “que convenzan”, después de lo que la diputada entiende la aplicación de “un 155 encubierto” en Educación. Por ello, reclamó el “respeto escrupuloso” a las competencias. La parlamentaria reclamó, asimismo, que se reduzcan las ratios para que haya más distanciamiento social frente al Covid-19 y que se adapten los currículos para valorar más las competencias que los contenidos.

Por el Grupo Vasco, Josune Gorospe recomendó a la ministra que se centre “en las prioridades”, abandone los discursos “de trazo grueso, hostiles y que llevan a la esterilidad del debate político” y que desarrolle “medidas flexibles” en las políticas educativas. La diputada vasca subrayó el trabajo de Celaá en los últimos meses, pese a las críticas que le atribuyen dejación de funciones. “Todas las autoridades están trabajando con diligencia”, recalcó.

BRECHA Y CONCILIACIÓN

Inés Sabanés, de Más Madrid, aseguró que “lo que está en juego es la educación” y reclamó “una intervención contundente y clara” para no desembocar en una “brecha insuperable de segregación y desigualdad” y que se implanten medidas de conciliación.

Las dificultades para la conciliación en las familias por la pandemia y la apertura de los colegios fue también una de las preocupaciones que compartió la diputada de Esquerra Republicana Montserrat Bassa (Grupo Republicano) que alertó de que “la sociedad está en riesgo de padecer una brecha educativa”, si no se cuidan cuestiones como la función de “comedor social” que tienen las escuelas ante un “otoño pandémico”.

El diputado del Grupo Confederal de UP-En Comú Podem Joan Mena apeló a las distintas administraciones autonómicas a asumir sus responsabilidades para “corregir ya” la brecha que la formación ‘online’ ha podido provocar en miles de niños, revindicando la apuesta por la educación presencial, la rebaja de las ratios, contratación de profesorado, “porque la ratio no se baja por arte de magia” y alguna fórmula de permiso retribuible para ayudar a las familias conciliar por casos cercanos de Covid-19.

RECONOCER A LA FAMILIA

La representante de Vox, Georgina Trías, revindicó que “ya es hora de que la familia sea más reconocida y menos criminalizada” y afeó a la ministra que “se le ha olvidado coordinarse” con los ministerios de Trabajo y Hacienda, para poder llevar a cabo “las reformas que esta situación requiere”. “Urge la coordinación, debe ser más amplia y efectiva”, pidió la diputada, que acusó al Ejecutivo de despreciar la vida y la muerte con la gestión de la pandemia.

Por el Grupo Popular intervino el diputado Óscar Clavell, que aseguró que Celaá ha hecho “dejación” de sus funciones a pesar de que la ministra ha participado en numerosas reuniones, “alguna interplanetarias”, ironizó el diputado. “Han tenido que ser las comunidades autónomas las que le hagan el trabajo y le salven en el tiempo de descuento”, aseveró. “¿Ha calculado el Gobierno el escaso margen que da a los centros para actuar?”, preguntó.

Finalmente, la diputada socialista María Luz Martínez Seijo preguntó “a toda la derecha” por qué atribuye responsabilidades “a quién no le corresponde”, defendiendo que las autonomías recogen en sus estatutos las competencias educativas.