El letrado extendió sus acusaciones a todo el entramado judicial del Estado en el que incluyó a la Junta Electoral Central (JEC), al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó a los líderes independentistas tras el juicio del 'procés' y que ahora es la que revisa la sentencia del presidente de la Generalitat catalana.

El TSJCat condenó a Torra en diciembre del 2019 a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al incumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar la pancarta sobre los presos y los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones de abril del pasado año. Torra reconoció los hechos, pero pese a ello decidió recurrir la sentencia al Supremo, al entender que la desobediencia a una orden de la JEC no suponía la comisión de un delito.

En la vista por revisión de condena sólo pueden intervenir los representantes de las partes y la Fiscalía. Torra estuvo presente en la sala como público y sin derecho al uso de la palabra. En su nombre, Boye revindicó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e insistió en pedir la recusación de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La defensa de Torra insistió en que la pancarta colgada en la fachada del Palau de la Generalitat que reivindicaba “libertad para los presos políticos” era una “crítica” directamente dirigida a los magistrados del TS: “Todo esto viene de tres palabras. Libertad presos políticos. Los destinatarios de la queja eran los magistrados de esta Sala”.

Boye insistió también en que la JEC no era competente para ordenarle la retirada de la pancarta y en que lo que se juzgó en este caso es un asunto que pertenece a la esfera de lo político que, en ningún caso, puede ser objeto de reproche penal.

Por su parte, la fiscal Pilar Fernández Valcárcel dijo que los argumentos esgrimidos por la defensa son sólo una adaptación del ordenamiento jurídico a sus intereses que, en ningún caso, “son asumibles” por el tribunal.

De confirmarse la sentencia impuesta por el TSJCat, se convertiría en firme y Torra quedaría oficialmente inhabilitado, por lo que ya sólo le quedaría la opción de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Hasta el momento, no existen precedentes de que el Constitucional haya suspendido una pena de inhabilitación.