El abogado insinuó que la Junta Electoral Central (JEC) no ha adoptado nunca las mismas decisiones con otros líderes políticos “que no eran catalanes” y mencionó en concreto al presidente Pedro Sánchez, quien fue sancionado por conceder una entrevista desde La Moncloa en periodo electoral, pero no tuvo que pasar por los tribunales.

Por ello, atribuyó su condena al único hecho de que Torra pertenece a una “minoría nacional" y reclamó el mismo trato dispensado por la Justicia a la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, a la que no se enjuició cuando llamó terrorista al padre del líder de Podemos, Pablo Iglesias, amparada por la inviolabilidad parlamentaria.

"Ese es el criterio claro de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, de ustedes señorías, respecto a la inviolabilidad de los parlamentarios. Nosotros creemos que tratándose de una persona como el señor Torra, nacida fuera de España, y de Álvarez de Toledo, también nacida fuera de España, los dos, siendo representantes políticos, tienen que tener el mismo trato y capacidad de expresarse", insistió.

ANTISISTEMAS

El abogado aseguró a los magistrados que "nosotros no somos unos antisistemas que piensan que ya han decidido" y manifestó su esperanza en que el acuerdo no esté tomado y se tenga en cuenta el principio de presunción de inocencia.

El letrado extendió sus acusaciones a todo el entramado judicial del Estado en el que incluyó a la JEC, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenó a los líderes independentistas tras el juico del 'procés', y que ahora es la que revisa la sentencia del presidente de la Generalitat catalana.

En ese sentido, Boye recordó que la JEC ordenó quitar los símbolos después de que uno de sus vocales, Andrés Betancor, lo solicitara. Se trataba de alguien que "trabajaba por la mañana en la JEC y, por la tarde, a sueldo de uno de los partidos que era denunciante. Es evidente que el señor Betancour cobraba de Ciudadanos", recordó, y continuó citando las declaraciones contrarias al independentismo de varios miembros del tribunal del TSJ que condenó a Torra.

El TSJCat condenó a Torra en diciembre del 2019 a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por incumplir la orden de la JEC de retirar la pancarta sobre los presos y los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones. Torra reconoció los hechos, pero pese a ello decidió recurrir la sentencia al Supremo, por entender que la desobediencia a una orden de la Junta no suponía la comisión de un delito.

En la vista por revisión de condena sólo pueden intervenir los representantes de las partes y la Fiscalía. Torra estuvo presente en la sala como público y sin derecho al uso de la palabra. En su nombre, Boye revindicó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e insistió en pedir la recusación de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La defensa de Torra insistió en que la pancarta colgada en la fachada del Palau de la Generalitat que reivindicaba “libertad para los presos políticos” era una “critica” directamente dirigida a los magistrados del TS: “Todo esto viene de tres palabras. Libertad presos políticos. Los destinatarios de la queja eran los magistrados de esta Sala”.

Boye reiteró también que la JEC no era competente para ordenarle la retirada de la pancarta y aseguró que lo que se juzgó en este caso es un asunto que pertenece a la esfera de lo político que, en ningún caso, puede ser objeto de reproche penal.

Por su parte, la fiscal Pilar Fernández Valcárcel dijo que los argumentos esgrimidos por la defensa son sólo una adaptación del ordenamiento jurídico a sus intereses que, en ningún caso, “son asumibles” por el tribunal y defendió la imparcialidad de todos los tribunales que han intervenido en esta causa.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De confirmarse la sentencia impuesta por el TSJCat, se convertiría en firme y Torra quedaría oficialmente inhabilitado, por lo que ya sólo le quedaría la opción de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Hasta el momento, no existen precedentes de que el Constitucional haya suspendido una pena de inhabilitación.

La defensa del 'president' sostiene que la JEC no era competente y, por tanto, entiende que no hubo delito. La Fiscalía se opuso a la admisión a trámite de este recurso después de que el responsable de la Generalitat reconociera los hechos, aunque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, tramitó el recurso para dar a Torra la posibilidad de una segunda instancia.

El TS comunicará su decisión en los próximos días ante la dificultad técnica del asunto a tratar. La Sala deberá determinar si desobedecer a la JEC es sancionable penalmente o no. En caso de confirmarse la condena que inhabilita a Torra por año y medio, deberá dejar la presidencia de la Generalitat.

El tribunal ha estado presidido por Andrés Martínez Arrieta, como magistrado más antiguo de la Sala Segunda, y el ponente de la sentencia es Juan Ramón Berdugo. El resto del tribunal lo han compuesto Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro. Estos dos últimos no formaron parte del tribunal que condenó a los líderes independentistas por sedición.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acompañaron a Torra al Supremo. También estuvieron apoyádole la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, además del diputado de la CUP en el Congreso Albert Botran y otros responsables de la órbita independentista.