Así lo anunció el departamento de Garzón a través de un comunicado en el que precisó que el acuerdo ha contado con el apoyo de todas las comunidades autónomas, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.

Consumo puntualizó que, cuando una persona detecta su posible adicción a las apuestas, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas impiden su acceso a salas o portales online donde se puede apostar.

En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos “devastadores” de una “acción compulsiva”, según el Ejecutivo, que subrayó que en la actualidad existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio.

El registro estatal, que depende del Ministerio de Consumo, impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las comunidades autónomas.

A excepción del caso de Castilla-La Mancha, que sí ha avanzado en la interconexión, estos registros a día de hoy no están conectados, lo que supone que la protección que ofrecen presente “vacíos e inconsistencias importantes”, según el gabinete de Garzón, que recordó que una persona inscrita en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida.

De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no podrá acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí podrá hacerlo en otra.

Con esta medida, el objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de “potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan”.

CONVENIOS

A efectos de protección, los registros de interdicciones funcionarán como una única base de datos y la coordinación se realizará mediante una “agenda de estrecha colaboración” entre el Ministerio de Consumo y las regiones, que tendrán hasta enero del 2021 para encontrar la “mejor fórmula de conexión”. Para que todos los registros queden interconectados, el Gobierno de España firmará convenios con las CCAA a lo largo del próximo año.

A este respecto, para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, simplificar los trámites de autoprohibición “facilitará la vida" a muchas familias "abrumadas por el problema de la ludopatía, sobre todo a las más vulnerables”. “Ponemos por delante a las personas y garantizamos su salud y protección, simplificando las trabas burocráticas”, señaló Garzón, para añadir que “personas sin recursos, con limitaciones de acceso a la tecnología, en zonas rurales o con dificultades de desplazamiento" se verán "favorecidas por la interconexión”.

El registro estatal, que no incluye los listados de las comunidades y que sólo tiene capacidad para restringir el acceso al juego online, tiene actualmente 54.294 inscritos. En 2019 se inscribieron 9.143 nuevas personas, un 43% más que en 2018 y, según Consumo, el porcentaje de menores de 25 años inscritos “se ha disparado” en los últimos años, ya que, si en 2012 representaban el 11% del total de inscritos, en 2019 ascienden al 22%.