Es uno de los indicadores recogidos en el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), que engloba la década de 2021 a 2030 y que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El II Pnacc incluye 81 líneas de acción a desarrollar por parte de los diferentes sectores socioeconómicos del país con el fin de construir una economía y una sociedad más seguras y menos vulnerables a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de anticiparse, responder y adaptarse a un clima cambiante.

Una de las líneas de actuación que ver con la integración de los riesgos costeros y planes y programas que incluyen al espacio litoral. Fuentes gubernamentales señalaron este lunes a Servimedia que se mantiene uno de los indicadores recogidos en el borrador y que alude a que "todos los Planes Generales de Ordenación Urbana tramitados a partir de 2021 contemplan los riesgos derivados del ascenso del nivel del mar y los efectos de los temporales marítimos".

El Plan indica que los puertos del Estado tendrán planes de adaptación específicos y que los planes de ordenación del espacio marítimo incorporarán la variable de cambio climático. Para todo ello, el Gobierno estudia modificar la normativa de costas relativa a zonas inundables y en regresión grave.

"EVITAREMOS O MINIMIZAREMOS DAÑOS"

Un primer borrador del Plan fue sometido a información pública entre el 4 de mayo y el 30 de junio, periodo en el que Transición Ecológica recibió más de 1.500 observaciones de 182 organizaciones y personas.

Después, el texto actualizado del plan fue sometido a la consideración de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que lo valoraron en sesiones monográficas. En estos órganos colegiados se plantearon más de 50 comentarios y observaciones, y el departamento dirigido por Teresa Ribera incorporó nuevos cambios en el documento.

Para la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post-Covid".

Apuntó, en declaraciones facilitadas por su departamento, que el Plan representa el esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y permitirá orientar mejor la salida de la crisis del coronavirus.

"Con las políticas de adaptación no sólo evitaremos o minimizaremos daños. También aportaremos mayor estabilidad económica y social y nuevas oportunidades, ya que las inversiones en una adaptación planificada, ya sean públicas o privadas, pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo, reduciendo la incertidumbre asociada al cambio del clima", apostilló.

IMPACTOS EVIDENTES

Según Transición Ecológica, el impacto del cambio climático es “cada vez más evidente en España”. Por ejemplo, la temperatura media en el país ha subido 1,7ºC desde la época preindustrial, el verano se ha alargado cinco semanas con respecto a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado y la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 kilómetros cuadrados en un plazo de 20 años.

Sectores clave de la economía, como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima, así como otros campos esenciales para el bienestar humano, como la salud, la biodiversidad o la vivienda.

El nuevo Pnacc tiene como principal objetivo ser una hoja de ruta que responda a las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático en España, con el fin último de evitar o reducir los riesgos económicos, sociales y ecológicos y favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los impactos.

Transición Ecológica recalca que las políticas de adaptación climática no sólo evitarán o minimizarán daños, sino que darán una estabilidad económica y social y ofrecerán nuevas oportunidades, ya que las inversiones en una adaptación planificada públicas o privadas pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo, reduciendo así la incertidumbre asociada al cambio del clima.

LÍNEAS DE ACCIÓN

El Plan define y describe, en forma de fichas, 81 líneas de acción sectoriales encuadradas en 18 ámbitos de trabajo, entre los que destacan que destacan salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

A ellos se suman otras áreas como costas y medio marino, ciudad, urbanismo y vivienda, patrimonio cultural, energía, movilidad y transporte, industria y servicios, turismo, sistema financiero y actividad aseguradora, reducción del riesgo de desastres, investigación e innovación, educación y sociedad y paz, seguridad y cohesión social.

Además de las instrucciones sectoriales, el plan propone varias líneas de trabajo transversales a todos los ámbitos: vulnerabilidad territorial y social, efectos transfronterizos, enfoque de género, prevención de la mala adaptación e incentivos perversos, costes y beneficios de adaptación e inacción y orientación a la acción.

Con respecto al borrador inicial, el texto definitivo mejora el alineamiento con las nuevas políticas europeas y, entre otras, la vinculación de la adaptación climática con las políticas de recuperación frente al impacto de la Covid-19, la introducción del principio 'do no harm' (no ocasionar daños) y políticas de economía circular.

También se incorporan nuevos aspectos patrimoniales que deberán tenerse en cuenta en las políticas de adaptación, concretamente el patrimonio geológico y el paisaje. Y se hace explícita la responsabilidad climática hacia las generaciones futuras.