Así se pronunció durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de ERC Pilar Vallugera sobre qué recursos ha movilizado el Ejecutivo, tanto directamente como a través de transferencias a las administraciones competentes, en relación al cierre de prostíbulos por la Covid-19.

Montero recordó que el Pacto de Estado permite incrementar el 15% anual del presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género e insistió en que el Ejecutivo necesita el apoyo del grupo republicano para aprobar estas cuentas si bien va a defender “como ninguno” ese aumento presupuestario para poder incrementar las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos destinadas a luchar contra la violencia machista.

“Estamos en plena disposición y nos necesitamos para aprobar los presupuestos”, recalcó, para, a continuación, precisar que su departamento, junto al Ministerio de Justicia, está “centrado” en “acabar con la impunidad de la industria proxeneta”. “Eso no se ha hecho nunca en este país y este Gobierno está dispuesto a llegar más lejos que nunca”, espetó, en referencia al anuncio de que ambos ministerios ultiman una reforma del Código Penal para perseguir a los proxenetas.

Además, el Gobierno impulsará un Plan Nacional Integral, Social, Laboral y Económico que garantizará los derechos sociales, laborales y económicos para las mujeres víctimas de explotación sexual y trata, a través de un acompañamiento integral e individualizado, según informaron fuentes del Ejecutivo.

LIBERTADES SEXUALES

En este sentido, subrayó que la Ley de Libertades Sexuales contemplará la incorporación de la figura de la tercería locativa para acabar con la “impunidad” de los dueños de los prostíbulos y “penar” el proxenetismo “en todas sus formas”, también el no coactivo, según apuntó Montero.

De este modo, el Ejecutivo pretende acabar con la impunidad de los proxenetas que, según la titular de Igualdad atendiendo a cálculos de la Fiscalía General del Estado, “reciben y se llevan cinco millones de euros al día, la mayoría de ellos en dinero negro, precisamente a costa de la explotación sexual de las mujeres y, por tanto, de la violencia machista”.

No obstante, Montero se mostró convencida de que no será posible acabar con la prostitución y con la explotación sexual si no se garantizan alternativas económicas, laborales y habitacionales para las víctimas, por lo que juzgó “necesario” articular un plan integral y explicó que su ministerio trabaja ya con el de Empleo en un plan “específico” para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de explotación sexual.

Con todo, hizo hincapié en que el Gobierno ya transfiere anualmente 140 millones de euros tanto a las comunidades autónomas como a las administraciones locales para luchar contra las “violencias machistas”, que incluye medidas para combatir la explotación sexual.

Junto a ello, defendió que durante a pandemia se ha extendido el plan de contingencia para víctimas de violencia de género también a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución y el Ejecutivo ha mantenido una “estrecha coordinación” con las regiones, que, insistió, “tienen muchas de las competencias”.

Montero anunció que mañana mantendrán una nueva reunión para “seguir evaluando conjuntamente cuáles son las cosas que podemos hacer”. “En este tema, vamos juntas o no vamos a hacer nada”, sentenció, consciente de la responsabilidad conjunta de acabar con una forma de violencia machista “especialmente dura para muchas mujeres que están, además, en un contexto en el que necesitan recuperar la confianza, si es que alguna vez la tuvieron, en las instituciones”.

Por su parte, Vallugera hizo hincapié en que el cierre de prostíbulos era el “momento ideal para detectar y perseguir las redes de tráfico de personas”. “Eso requiere transferencias porque son recursos de recuperación, habitacionales, educacionales, sanitarios y, por otra parte, lo que tiene que ver con la persecución de ese delito penal”, apostilló.

La diputada reivindicó la importancia del Protocolo de Palermo y reconoció que resulta “un problema” que este instrumento sea “casi desconocido” por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, porque busca proteger a las víctimas en situaciones de extranjería e irregularidad.

“Les pedimos, por favor, que si ustedes, no lo pueden hacer, nos lo traspasen, porque no tenemos competencias en ello y no podemos impedir que sean expatriadas, repatriadas y expulsadas y, por tanto, no podemos protegerlas”, resolvió, para reclamar “dinero, voluntad política y ser implacables en la lucha contra la trata de mujeres”.