La iniciativa propone una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para añadir un párrafo que, en la aplicación del IBI, permita a los ayuntamientos regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad económica que se haya visto “suspendida, restringida o afectada” por el estado de alarma declarado para la gestión de la pandemia de coronavirus, “siempre y cuando ese tributo sea abonado por la persona, física o jurídica, que ejerza dicha actividad”.

El texto, además, indica que “las características singulares y ámbito de la bonificación, su duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal”, y añade una disposición final por la que “con carácter excepcional, y atendiendo a las circunstancias que fundamentan la presente ley, lo dispuesto en la misma podrá aplicarse en el presente ejercicio 2020, y extenderse hasta el ejercicio impositivo de 2023”.

En la exposición de motivos, Foro Asturias defiende la necesidad de, ante la crisis económica generada por el coronavirus, tomar “medidas proactivas desde los poderes públicos que faciliten el desarrollo de la actividad económica, conserven el tejido productivo, generen confianza para la reacción económica y la generación de empleo”.

Así, añade que “son muchas las entidades locales que quieren adoptar medidas de carácter fiscal para minorar los efectos que la parálisis de actividad económica en las empresas, pymes, autónomos, comercios, sector primario y emprendedores”, pero recuerda que la legislación se lo impide.

En esta línea, el diputado de Foro Asturias en la Cámara Baja, Isidro Martínez Oblanca, señaló a Servimedia que “esta proposición de ley trata de remover obstáculos que las entidades locales se topan para desarrollar iniciativas de carácter fiscal con las que atenuar los graves efectos la parálisis de la actividad económica tan afectada por la pandemia” y resaltó que “no menoscaba la autonomía municipal consagrada constitucionalmente, pero deposita en cada administración local la aplicación de aquellas medidas que faciliten las cosas a las empresas asentadas en su ámbito territorial”.

Por ello, indicó que espera el apoyo del resto de grupos parlamentarios “porque es una iniciativa apartidista que hace posible habilitar una herramienta que los ayuntamientos pueden utilizar de forma potestativa”.

Respecto a la votación de la iniciativa, fuentes del Grupo Socialista consultadas por Servimedia apuntaron, sin asegurar aún el sentido de su voto, a su rechazo de la toma en consideración, al considerar que la medida supondría pérdida de ingresos para los ayuntamientos.

Por su parte, fuentes del PP consultadas por Servimedia, no aseguraron tampoco el sentido de su voto pero se mostraron de acuerdo con la proposición de ley, al considerar que está en línea con las propuestas de su formación y que la bonificación del IBI podría servir de ayuda a empresas y autónomos cuyos negocios se han visto afectados por la crisis, destacando, además, que da autonomía para actuar a cada ayuntamiento.