En concreto, según informa COAG, en los contratos denunciados se obliga a los ganaderos a reconocer unos precios por debajo de costes bajo amenaza de no recogida de leche, a la vez que se introducen cláusulas que incumplen los plazos máximos de pago.

Además, señala que hay empresas que están empezando a incluir cláusulas de confidencialidad en sus contratos para evitar que los ganaderos acudan a organizaciones agrarias como COAG para denunciar.

“Las leyes están para cumplirlas y no se pueden tolerar prácticas comerciales ilegales y abusivas que atentan de forma reiterada contra los ganaderos. Si se sigue exprimiendo así al productor nos vamos a quedar sin granjas familiares”, advierte Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG

A este respecto, lamenta que en último año 733 ganaderos se han visto obligados a echar el cierre y hoy quedan apenas 12.500 ganaderos lácteos. “La AICA tiene que abrir una investigación para evitar nuevos atropellos y garantizar un precio justo para los ganaderos que les permita vivir dignamente “, concluye.