El magistrado considera que no hay "duda alguna de que concurren los elementos objetivos del delito del art. 410.1 CP objeto de acusación ya que el acusado desarrolló y mantuvo temporalmente un comportamiento voluntario y en todo momento doloso y deseado y dirigido y reiterado, de hecho, tendente a hacer posible en la práctica en dicho centro público escolar la real participación de personas votantes en el referéndum que se desarrollaba en el centro escolar informando, animando y haciendo posible la apertura temporal de las puertas” valiéndose de su autoridad como miembro del gobierno local.

Insiste la sentencia en que el regidor “era realmente consciente” de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional que “era notorio que estaba suspendido el referéndum del 1 de octubre de 2017, deseaba que a pesar de ello se desarrollara en el centro escolar de su municipio-localidad en el que él estaba la votación abriendo las puertas para que todo el que deseara votar lo hiciera, ya que ello se infiere cuando se constata que argumenta gritando que él se debía al gobierno de la Generalitat”.