Las Mesas de Congreso y Senado, reunidas hoy en sesión conjunta en el Congreso de los Diputados, aprobaron este instrumento que recoge que “los miembros de las Cortes Generales ejercerán sus derechos y cumplirán los deberes inherentes a su cargo atendiendo exclusivamente a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello”.

Este código entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, si bien, las Mesas han acordado que el plazo para que los parlamentarios presenten sus declaraciones de intereses económicos finalizará al inicio del próximo periodo de sesiones, según informan un comunicado conjunto de las dos Cámaras.

Este nuevo instrumento establece que, además de las declaraciones de actividades y bienes, los parlamentarios deberán informar de “las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos. Cuando se trate de actividades por cuenta ajena se deberá precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.”

Además, deberán dan cuenta de “las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que haya obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario. Se incluirán en este apartado los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés de acuerdo con lo previsto en este Código”.

Así como a las “fundaciones y otras asociaciones a las que haya contribuido en los cinco años anteriores a la adquisición de la condición de parlamentario, o siga contribuyendo en la actualidad, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados” o “cualquier otro extremo que el parlamentario considere relevante”.

Desde Congreso y Senado se asegura que con la aprobación del Código de Conducta de las Cortes Generales se da respuesta al Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano de supervisión de la lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, que recomendaba la elaboración y aprobación de un código de conducta fácilmente accesible y con orientaciones para la prevención de conflictos de intereses, sobre regalos y otros beneficios, entre otras cuestiones.