Según informó Sareb, el convenio tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables anualmente hasta un máximo de cuatro, periodo durante el cual el consistorio será el encargado de gestionar los inmuebles para atender las necesidades habitacionales de personas en riesgo de exclusión.

Las viviendas cedidas podrán estar ocupadas por familias en situación de impago o sin título de alquiler y Sareb percibirá a cambio de la cesión una contraprestación fija mensual de 125 euros por las viviendas libres y de 75 euros por aquellas que se encuentren ocupadas. Los pagos serán utilizados por Sareb, principalmente, para hacer frente a los gastos de seguros y comunidad. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre otros.

En la actualidad, el parque de vivienda de Sareb destinado a fines sociales alcanza los 10.000 inmuebles, después de que la compañía aprobara a principios de 2020 la ampliación del mismo con el objetivo de impulsar la cesión de viviendas a ayuntamientos de municipios de menor tamaño que presentan problemas habitacionales.

Desde su creación, Sareb ha firmado convenios con 12 comunidades autónomas y 22 ayuntamientos y en la actualidad tiene comprometidas con las administraciones 2.764 viviendas -de las que pueden beneficiarse más de 11.050 personas-, mientras que 7.236 inmuebles se encuentran todavía disponibles para esos mismos fines.

En Cataluña, el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento de Sabadell se suma a los ya suscritos con los consistorios de Santa Coloma de Gramenet (220), Barcelona (200), Calafell (58), L’Hospitalet de Llobregat (50), L’Ametlla del Vallès (35), Vilafranca del Penedès (15), Sant Feliu de Guíxols (9), Sant Joan Les Fonts (6), Sant Jaume d’Enveja (4) y Badalona (2), administración que finalmente compró a Sareb los dos inmuebles que en un principio había obtenido en régimen de usufructo temporal. Además, la compañía mantiene un convenio con la Generalitat de Catalunya por el que pone a su disposición 930 viviendas destinadas a personas en riesgo de exclusión.