La Comunidad de Madrid solicita, eso sí, medidas cautelares que tienen un plazo mayor para su aplicación por el tribunal. Esta fórmula prevé diez días para la presentación de alegaciones y cinco días más para que la Audiencia Nacional tome una decisión. De ese modo, los acuerdos aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entrarán en vigor de acuerdo a lo previsto.

Además, argumenta que estas medidas invaden competencias autonómicas, no son proporcionales y que podrían violar derechos fundamentales contemplados en la Constitución como el de la libertad de movimientos.

A lo largo del recurso, la Abogacía de la Comunidad hace un detallado informe de las repercusiones económicas de las restricciones y evalúa en 1.777 millones de euros la merma de ingresos para las arcas de la comunidad, pero sin embargo no aporta cifras de contagios, de ocupación de las UCI, de número de test a realizar ni de refuerzo de los rastreos.

Las restricciones sanitarias entrarán en vigor en Madrid y los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Insiste más adelante la Abogacía de la Comunidad de Madrid en que las medidas son una “imposición” que derivan de un uso instrumentalizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque se ha convertido en “un mecanismo de invasión” de la competencia autonómica, más grave aún, si se tiene en cuenta que el instrumento del estado de alarma está en manos del Ejecutivo central. Una herramienta que el PP se negó a respaldar en varias de las prórrogas pedidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Esta agresión a las competencias de la Comunidad de Madrid tiene un efecto adicional que intensifica el daño que causa la ejecución inmediata”, pese a esta percepción ante la inminente entrada en vigor de las limitaciones, el recurso no pide medidas cautelarísimas, que son las de resolución más urgente, sino cautelares, cuya adopción podría prolongarse por espacio de 15 días.

La Comunidad también señala que estas restricciones tendrán impacto económico y laboral para el 71% de la población madrileña y hará que se pierdan 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica, que conlleva la destrucción media semanal de 18.000 empleos. Eso, dice el recurso, provocará una merma en la recaudación impositiva ligada a la menor actividad económica, que cifra para 2020 en 1.777 millones de euros. Señala no obstante que “este impacto económico debe quedar siempre supeditado a las necesidades de salud pública”.

En esta situación, continúa, “debe prevalecer la competencia autonómica, especialmente cuando con su mantenimiento no se genera riesgo alguno para la salud pública, a la vista, no sólo de que se vienen adoptando medidas sanitarias constantes, sino de que esas medidas están teniendo un efecto positivo”.

El recurso insiste en que fijar un umbral de 500 casos por cada 100.000 habitantes en municipios de 100.000 o más habitantes no será eficaz puesto que en la Comunidad de Madrid son 10 los municipios que superan ese censo, con poblaciones que oscilan “entre 117.040 a 3.3266.126 habitantes” por lo que defiende los confinamientos por zonas básicas de salud de un tamaño medio cercano a los 23.000 habitantes.