El Ejecutivo aragonés publicó el pasado 24 de septiembre la orden para expropiar las tierras de vecinos en el valle de Castanesa con el fin de avanzar en la primera fase de la ampliación de la estación de esquí de Cerler.

Las organizaciones ecologistas indicaron que, pese a las dudas sobre la legalidad de las obras, el Gobierno aragonés (propietario al 50% de la empresa promotora, Aramón) apuesta por "una política de hechos consumados, pues las máquinas están trabajando y destrozando un entorno frágil y virgen de alta montaña".

Consideraron "intolerable" que el Ejecutivo autonómico, formado por el PSOE, Podemos y Chunta Aragonesista, apueste por "un proyecto plagado de irregularidades y uno de los ejemplos más insostenibles y dañinos de cuantos amenazan los últimos rincones salvajes del Estado español".

Indicaron que esos partidos se han comprometido en el ámbito nacional "a proteger la biodiversidad, a adaptarse al cambio climático, a luchar contra la especulación urbanística y a abandonar el modelo de crecimiento basado en el ladrillo".

“CONDENADAS AL FRACASO”

Denunciaron que "se derrochen recursos públicos para destruir los ecosistemas pirenaicos mejor conservados, cuando es momento de impulsar una salida verde y social a la crisis provocada por la Covid–19".

"Y más en una ampliación de pistas de esquí condenadas al fracaso por la falta de nieve debida a la emergencia climática, una realidad cada vez más evidente en el Pirineo". Según datos del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, en el Pirineo Central y a 1.800 metros de altitud, el espesor medio de la nieve podría reducirse a la mitad en 2050 respecto al valor actual.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF criticaron que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que avala el proyecto, aprobada en 2010, no tenía en cuenta los efectos del cambio climático. Esa autorización, prorrogada a instancias de Aramón, caduca el próximo mes de diciembre, algo que, según las organizaciones, "ha precipitado el comienzo de las obras".

La ampliación está considerada por el Gobierno autonómico como Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA), lo que, según los ecologistas, "conlleva una mayor flexibilidad y laxitud a la hora de conseguir los permisos y autorizaciones, y avala expropiaciones como las que se han producido la semana pasada".

Entre los ecosistemas amenazados por el proyecto destacan humedales como el conjunto del Ibón de Basibé y Les Noufonts, catalogados en los inventarios estatal y aragonés por su gran valor ecológico. Además, la zona es hábitat de especies en peligro como la perdiz nival, el urogallo, el quebrantahuesos o el oso pardo, algo que tampoco recoge la DIA.

Por ello, solicitaron a Ribera y a Iglesias a interceder ante el Gobierno de Aragón para que éste "descarte este proyecto caduco, cortoplacista e insostenible, e invierta recursos en iniciativas de futuro para el territorio que cuiden el mayor patrimonio de los valles pirenaicos, la naturaleza".