Así lo indicó en un comunicado en el que el sindicato aseguró que “critica duramente” la propuesta planteada hoy por el Gobierno, en lo que cree que “es un cambio drástico en la orientación del empleo público”, al considerar que “el volumen es insuficiente y que la distribución por grupos condena a la desaparición al personal auxiliar y laboral, principales activos en la atención a la ciudadanía”.

“Nos parece ridículo ofertar 7.066 puestos, cuando las bajas alcanzan 8.706 efectivos”, señaló el secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, José Manuel Vera, quien destacó que “la crisis económica y sanitaria ha puesto de manifiesto el papel esencial de los servicios públicos en la garantía de los derechos de los ciudadanos”. “Resulta doloroso que un Gobierno que se autodenomina progresista los ponga en riesgo con esta impunidad y que recupere instrumentos y políticas del PP”, añadió.

Además, el sindicato censura “la deriva a un modelo de administración de control y gestión, olvidando al personal de a pie, que es quien realiza la atención directa a la ciudadanía”. En este sentido, destaca “la pérdida de personal laboral, donde solamente se cubrirá un 40% de las bajas de 2019, y el cuerpo auxiliar, donde no alcanzará el 25%”.

“Tres de cada cuatro puestos, en su mayor parte de atención al público, se van a quedar vacíos, con terribles consecuencias para las personas que solicitan, por ejemplo, prestaciones o subsidios”, denunció Vera, quien mostró también su preocupación “por el hecho de que esta política esconda la intención de continuar con las privatizaciones de servicios públicos, que no garantizan los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad, objetividad y transparencia, y que se mueven por criterios empresariales en lugar de por el interés general”.

Por todo ello, CCOO apuntó que “la propuesta debería partir de la cobertura total de la tasa de reposición, además del incremento del 5% adicional para sectores donde se hayan establecido nuevos servicios públicos, como los paquetes de medidas sociales, o se prevea un alto volumen de jubilaciones, que alcanzarán un 50% en los próximos diez años en la Administración del Estado”.

Asimismo, Vera incidió en que “los instrumentos para la gestión del empleo público están fracasando por la falta de interés del Gobierno en la interlocución con las organizaciones sindicales y por las injustificables demoras en la gestión de las ofertas”, para a continuación recordar que “más de 4.000 personas que han aprobado las pruebas de acceso están pendientes de incorporación desde hace meses”.