En concreto, el decreto que se dirige a los trabajadores del sector privado y elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social contó con 293 votos a favor, uno en contra y 54 abstenciones y se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Por su parte, el decreto del trabajo a distancia para los empleados públicos, del departamento de Política Territorial y Función Pública, recibió 196 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.

Durante el debate, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió que, desde el punto de vista empresarial, el trabajo a distancia “puede posibilitar una organización más racional y eficiente del tiempo de trabajo” y en un momento en que las empresas están readaptándose “es responsabilidad de los poderes públicos poner a su disposición todas las herramientas”, con lo que consideró una “oportunidad” para las compañías.

Igualmente, aseveró que la norma supone una “mejora decisiva” en las condiciones laborales de los trabajadores y “expresa la firma voluntad de este Gobierno de hacer fructificar un nuevo derecho social que nació como una de las medidas con más apoyo de la historia” para quienes están en situación de necesidad.

Díaz subrayó que la norma del teletrabajo “inaugura una serie de avances legislativos en los próximos meses que situarán el paradigma de las relaciones laborales a la altura del siglo XXI” y que se someterán al diálogo social. “Tengo la confianza en que se abrirán camino”, agregó.

Del contenido destacó el carácter voluntario del trabajo a distancia, el requisito de que se formalice un acuerdo entre la empresa y el trabajador y la posibilidad de revertir el trabajo a distancia a la modalidad presencial. La norma se aplica en los casos en que se haya realizado al menos un 30% de la jornada laboral a distancia en un periodo de referencia de tres meses.

Las empresas son las responsables de dotar a los trabajadores de los medios necesarios para sus tareas y de compensar por los gastos derivados de la modalidad de trabajo a distancia por la vía que se pacte en la negociación colectiva.

Mientras, los trabajadores podrán tener flexibilidad horaria y derecho a la desconexión digital. La negativa del trabajador a desempeñar sus tareas a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para adaptarse que se deban exclusivamente al cambio en la modalidad de trabajo no justificarán un despido ni una modificación “sustancial” de las condiciones de trabajo.

A las empresas que hayan implantado el trabajo a distancia de forma excepcional con motivo de la pandemia “les seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria”, según el texto. No obstante, deberán “dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario” de acuerdo a lo que se pacte en la negociación colectiva.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, defendió que el decreto del teletrabajo para el sector público es aplicable a 2,5 millones de empleados en todo el país, tanto a personal funcionario como laboral, y se dan seis meses para adaptar la norma a aquellas administraciones que lo requieran. La modalidad de trabajo a distancia también es voluntaria y reversible para los empleados públicos y la forma ordinaria de trabajo seguirá siendo la presencial. Las administraciones públicas deberán dotar de los medios a quienes se acojan al teletrabajo.

Además, en el decreto defendido por Darias se posibilita a las comunidades autónomas a contratar personal sanitario formado pero que no tengan título de especialista y no hubieran obtenido una plaza en la convocatoria 2019/2020.

Darias incidió en que son medidas “excepcionales” y “transitorias” y que las propias comunidades autónomas lo habían pedido por detectar falta de personal. Indicó que el Ministerio de Sanidad ya les ha trasladado la lista de “los 13.880 profesionales” a disposición para contratar.