Esta propuesta del Ejecutivo pretende acabar con la incapacitación judicial y defiende su sustitución por un sistema de apoyos individualizados adaptados a las necesidades de cada persona, para que sea esta quien tome sus propias decisiones de forma libre e informada. La idea es que la capacidad jurídica nunca puede ser suprimida y, entre otros puntos, implica poner fin a la figura del tutor legal que actúa en nombre de la persona.

Abrirá las comparecencias el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, y tras él intervendrán Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), y Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo general de la ONCE.

A continuación será el turno de la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela y vocal de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación, María Paz García. Cerrarán las comparecencias el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona, Jordi Ribot, y la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán.

La Comisión de Justicia escuchará la opinión de diferentes expertos para fijar mejor su posición sobre este proyecto de ley, que busca además adaptar el ordenamiento jurídico español a los mandatos de igual capacidad jurídica del artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Cermi y distintas asociaciones del mundo de la discapacidad colaboran desde hace años con los distintos gobiernos para impulsar esta reforma, que finalmente fue remitida a las Cortes el pasado mes de julio.