En un comunicado conjunto, las patronales Acade, Cecei, EyG, CECE, FCIC, Salvem, y las organizaciones sindicales CCOO, FeSP-UGT, FSIE y USO, que ostentan el 100% de la representatividad del sector e integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, subrayaron también que como consecuencia de la crisis sociosianitaria han disminuido las matriculaciones para este curso entre un 40 y un 80%, según la región.

Asimismo, aseguraron que el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, tampoco ha tenido en cuenta la clasificación de actividades económicas (CNAE) correspondientes a este tipo de educación y ha dejado fuera de las exoneraciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social a este sector.

"Esta cuestión es de una extrema importancia, pues no es comprensible que se tengan en cuenta solamente criterios económicos en cuanto al PIB (cuestión relevante para fijar los CNAE afectados) y se haga caso omiso a la dramática situación de otros sectores, que, como el de los Centros Privados de Educación Infantil, realizan una importantísima labor educativa y social, y que además, favorece la conciliación de la vida familiar y laboral", subrayaron, lamentando la "competencia desleal" de las "madres de día" y las ludotecas.

Asimismo, las organizaciones firmantes expresaron su "preocupación y oposición" ante el proyecto de gravar con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) los servicios que prestan los centros de educación infantil. "La aplicación del IVA a este sector educativo, exento hasta el momento, en plena crisis económica derivada de la pandemia, supondría un encarecimiento inasumible de este servicio para las familias, lo que en la práctica comportaría la desaparición de los centros, y la consiguiente destrucción de empleo", recalcaron.

Por todo ello, las entidades representativas del sector, "formado principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera", solicitan, "de forma urgente, la aplicación de actuaciones por parte de la administración pública que garanticen la viabilidad de los centros educativos y el mantenimiento del empleo en la base del sector" y se implementen ayudas económicas "extraordinarias" que eviten el cierre de los centros de educación infantil privados.