Marugán compareció este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar los informes anuales 2018 y 2019 que realiza la institución que dirige en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP). Durante estos dos años el Defensor del Pueblo inspecció 217 lugares de privación de libertad para analizar las principales carencias de estos recintos.

Hizo especial hincapié en las condiciones de los diferentes centros de acogida que tratan con personas migrantes. Sobre los CIE, Marugán recordó que en el inicio de la pandemia solicitó el cierre de estos centros porque no se daban las condiciones para que las personas ingresadas en ellos fueran expulsadas a sus países de origen y, por tanto, no podían cumplir con su cometido.

El Ministerio del Interior cerró estas las instalaciones pero ha decidido volver a abrirlas. Para el Defensor del Pueblo, "sería necesario replantearse seriamente la organización y gestión de estos centros". En este sentido, expuso una serie de mejoras para estos lugares, como la necesidad de disponer de una infraestructura adecuada, personal especializado, facilitar las comunicaciones de los internos con abogados y entidades sin ánimo de lucro e incrementar el número de cámaras de videovigilancia y grabación.

También explicó que se han detectado carencias en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y en las infraestructuras donde se acogen a personas que llegan en pateras, que en muchas ocasiones son madres con hijos pequeños y personas enfermas.

CENTROS PENITENCIARIOS

Por otra parte, Marugán detalló que en estos dos años se han inspeccionado 29 centros penitenciarios y de nuevo los principales problemas con los que se han topado el MNP tienen que ver con el seguimiento y control de las denuncias de los internos por malos tratos o las deficiencias en la atención sanitaria donde se ha detectado una insuficiencia de dotación de personal sanitario.

Formuló una lista de recomendaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en estos centros, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos y para incrementar la formación del personal penitenciario en estas cuestiones. Además, el MNP prestó especial atención a la situación de las mujeres gitanas en prisión.

CENTROS DE MENORES INFRACTORES

Respeco a los centros de menores infractores, Marugán insistió en que no deberían ser "centros de castigo, sino de rehabilitación para conseguir que los menores a su salida puedan integrarse en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas responsables". Además, recordó las muertes de dos jóvenes en dos de estos centros, en Melilla y Almería, tras ser sometidos a una sujeción mecánica, cuyos procedimientos calificó de "crueldad innecesaria".

Finalmente, aludió a las personas con problemas de salud mental y reiteró que son "muy vulnerables" y que "todavía hoy son estigmatizados por la sociedad". Apostó por procurarles una vida digna y con el respeto que se merecen. Para ello, consideró que los poderes públicos deben defender sus derechos para promover su independencia, adoptar sistemas de apoyo para sus familias e impedor el uso de medidas arbitrarias de restricción de su libertad.