La reunión de la Mesa General de Administraciones Públicas está prevista a las 17.30 horas y en ella estará la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA.

Las centrales mayoritarias –CCOO, UGT y CSIF- han enviado en esta semana una carta a la ministra para pedirle abrir la negociación sobre empleo y salarios para los empleados públicos y garantizar su poder adquisitivo.

La subida del sueldo de los funcionarios se incluye habitualmente en los Presupuestos y ante la posibilidad de que los salarios públicos se congelen el próximo año, después de haber subido un 2% en este ejercicio en cumplimiento del acuerdo de 2018 del PP con los sindicatos, algunos ministros han rechazado dicha congelación mientras otros no la han descartado abiertamente y han apuntado que la inflación para el próximo año será “muy contenida”. En concreto, el Ejecutivo prevé un deflactor del PIB -indicador que mide los precios de todo los bienes y servicios producidos- del 0,9%.

Desde las centrales se ha mostrado oposición a la congelación y se insiste en que los empleados públicos acumulan pérdida de poder de compra desde la crisis financiera. Así, instan al Gobierno a establecer un nuevo acuerdo laboral y salarial, dado que el que se firmó con el PP expira este año.

Además, los tres sindicatos han pedido un “mayor compromiso” con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado que el Ministerio quiere sacar adelante.

Por otra parte, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la Oferta de Empleo Público que, según han trasladado los sindicatos, estará dotada de 18.266 plazas para la AGE -9.270 de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna- y no va a contar con el respaldo sindical por considerarla insuficiente.

Según CSIF, la oferta “pone en riesgo la viabilidad” de la Administración General y cifra la pérdida de trabajadores de la AGE en 43.477 en la última década.

Desde CCOO exigieron que las plazas de nuevo ingreso no sean inferiores a los 10.150, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, un 26% sobre la tasa de reposición.

Por parte de UGT, señalaron que tampoco firmarán lo ofrecido por el Gobierno, aunque valoraron que se paliaría la pérdida de 8.054 efectivos durante 2019.