En concreto, según apuntaron fuentes de La Moncloa a Servimedia, el próximo martes 27 es el día que desde hace semanas aparece marcado en el calendario para que el Consejo de Ministros apruebe un proyecto de cuentas públicas sobre el que se prevé que sus líneas generales sean presentadas previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo del pasado martes, Montero aseguró que la previsión continúa siendo aprobarlo en octubre para poder iniciar ya su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, durante la semana fuentes cercanas a Unidas Podemos trasladaron que el cierre definitivo del acuerdo entre las dos formaciones que integran el Ejecutivo podría retrasarse por las discrepancias existentes alrededor de varias cuestiones que el partido liderado por el vicepresidente Iglesias quiere incluir en los Presupuestos, como el control de los precios de los alquileres, los impuestos a los ricos, o mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Preguntada al respecto el pasado martes, la ministra de Hacienda, que lidera al equipo negociador del PSOE, afirmó que el acuerdo está “prácticamente ultimado” y que estas cuestiones no son “escollos” sino “algún fleco pendiente”. En este sentido, Montero no hizo ninguna referencia específica al contenido de la negociación sobre el IRPF de las rentas altas, pero anunció que hay acuerdo para subir el Iprem aunque faltaba decidir la cuantía. En el caso de los alquileres, la posición del PSOE es que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sea quien en los próximos meses presente un proyecto de ley nacional de vivienda que aborde dicha cuestión, teniendo su reflejo en las partidas presupuestarias.

En cualquier caso, esta semana Montero se mostró “segura de que el proyecto de Presupuestos va a llegar con un acuerdo muy importante” y resaltó el “entendimiento en temas muy importantes” con Unidas Podemos y su “satisfacción por cómo han transcurrido las conversaciones”. Las cuentas de 2021 se basarán en un incremento del 53,7% en el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, gracias a la suspensión de las reglas fiscales que el pasado miércoles permitió el Congreso de los Diputados al reconocer la situación extraordinaria en la que se encuentra el país a consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que permite activar la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución Española y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la estimación es que el déficit público cierre 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.

CONTENIDO

Parte del contenido de las cuentas de 2021 ya se conoce gracias al Plan Presupuestario que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre, en el que informó sobre una previsión de que las medidas fiscales que implantará en 2021 tendrán un impacto positivo de 6.847 millones de euros en la recaudación.

Según lo indicado en el documento remitido a Bruselas, el Ejecutivo estima que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, al calcular un incremento en términos absolutos de 33.447 millones de euros respecto a 2020 que sería menor al crecimiento esperado del PIB.

Sobre las nuevas medidas fiscales, Hacienda prevé recaudar 850 millones de euros con el nuevo impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, y 968 millones de euros con el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google.

Además, el Gobierno creará el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, con el que estima una recaudación de 491 millones; y calcula unos ingresos de 340 millones al subir el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%. Con esta medida, además, estima recaudar otros 60 millones en 2022.

Por último, calcula que la nueva ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 6 de octubre y que debe ser tramitado en el Congreso y el Senado, ingresará 218 millones por la limitación de los pagos en efectivo, 110 millones por el refuerzo de la lista de morosos y 500 millones por otras medidas incluidas en dicha ley, como la encaminada a prohibir el uso de softwares contables de doble uso.

De la parte de ingresos de los Presupuestos falta por despejar la incógnita sobre los ajustes concretos que se realizarán en imposición directa, indirecta y la fiscalidad verde, ya que el Plan Presupuestario incluía una previsión de recaudar 1.311 millones de euros adicionales con medidas de fiscalidad verde, 550 millones con medidas en el ámbito de la imposición directa y 1.509 millones en el de la imposición indirecta. Además, también incluye una previsión de ingresos en 2022 de 50 millones, 1.998 millones y 215 millones, respectivamente, en cada uno de estos tipos de fiscalidad.

En lo que respecta al gasto, el Plan Presupuestario contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. Entre las medidas incluidas por el Ejecutivo se encuentran la revalorización de las pensiones con el IPC; el aumento gradual ya previsto del permiso de paternidad, que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad; y el impacto del IMV.