Su apuesta la realizó durante el ‘III Foro Banca’ organizado por El Economista en colaboración de Accenture, tras reconocer que la utilización de los colchones “puede dificultarse si las entidades temen que alcanzar unas determinadas ratios de capital sería penalizado en los mercados financieros”, encareciendo así su coste de financiación y niveles de solvencia.

“Este efecto estigma en los mercados podría llevar a las entidades a evitar el uso de los colchones de capital”, admitió, indicando que la resistencia para utilizarlos iría en contra de lo que han estado buscando, precisamente, los supervisores con diferentes medidas y “generaría un efecto negativo sobre la economía”.

Hernández de Cos explicó que la evidencia muestra que cuanto mayor es el nivel de solvencia de las entidades “mayor es su capacidad para conceder financiación” y apoyar a la economía bajo situaciones de estrés.

Precisamente por ello indicó que las autoridades “decidieron liberar muchos de los colchones macroprudenciales” al inicio de la crisis, permitir a las entidades “de manera temporal” situar su solvencia “por debajo del nivel fijado para algunos requerimientos estructurales como el colchón de conservación de capital” y flexibilizaron la contabilización de dotaciones en operaciones avaladas y moratorias.

“El objetivo de estas decisiones ha sido precisamente ayudar a que las entidades sigan proporcionando la financiación necesaria a hogares y empresas en un entorno tan adverso como el actual”, refirió, subrayando que eso “permitiría a las entidades proporcionar más financiación a la economía real, lo que, a su vez, genera un efecto positivo sobre el crecimiento económico, favoreciendo la recuperación o moderando su retroceso”.

Sin embargo, reconoció la tentación de no usarlos para evitar dicho “efecto estigma en los mercados” o, incluso, si las entidades albergasen dudas sobre el proceso de reconstrucción de los colchones de capital tras la crisis y el riesgo de que se les pida reconstruirlo cuando su capacidad para generar resultados “sea modesta”.

Para paliar el problema indicó que las autoridades han “dejado claro que las entidades tendrán tiempo suficiente para volver a cumplir con los requerimientos de capital y que el inicio del proceso nunca se hará antes de que los principales efectos de la pandemia se hayan disipado”, abogando por revisar la normativa si fuera además necesario y mejorar las comunicaciones.

“En este contexto, resulta crucial una comunicación clara por parte de las autoridades macro y microprudenciales tanto sobre la capacidad de hacer uso de estos colchones como sobre la flexibilidad en su reconstrucción posterior”, abundó, apuntando que los supervisores tendrán que monitorizar “durante los próximos meses” el uso de estos colchones de capital “y valorar, en su caso, la adopción de medidas adicionales en relación con los mismos”.

Precisamente para que tuviesen más capacidad para ayudar a la economía a encarar la recuperación, el Banco Central Europeo (BCE) aconsejó a los bancos no distribuir dividendos y ser “muy prudentes” en las retribuciones variables de sus empleados hasta que se fuesen despejando las incertidumbres de las crisis y se tengan más visibilidad sobre su potencial impacto.

Según detalló, las entidades españolas que pudieron legalmente suspender o aplazar el dividendo sobre los resultados de 2019 añadirán “alrededor de 50 puntos básicos en 2020 a sus colchones de capital, que se suman a los que ya tenían antes de que estallase la pandemia”.

Hernández de Cos abogó por que “la recomendación de prudencia en este ámbito debe seguir estando vigente mientras persista la incertidumbre actual y se consolide una recuperación económica sólida”, con independencia de lo que determine el BCE a final de año sobre los dividendos.

El gobernador del Banco de España indicó que la medida es, en cualquier caso, “reversible” a “través de los dividendos extraordinarios futuros si se materializasen escenarios más benignos que los contemplados en las actuales circunstancias”.