El fotoperiodista Aitor Garmendia-Tras los Muros ha accedido entre los años 2019 y 2020 a 32 explotaciones de cerdos en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, y ha documentado prácticas permitidas por la legislación, así como vulneraciones de la misma, en un exhaustivo informe.

El investigador pone dos ejemplos de cómo esa legislación permite prácticas contrarias al bienestar animal: la Directiva de la Unión Europea que establece las ‘normas mínimas para la protección de cerdos’ permite el destete a la fuerza, la mutilación de genitales o el encierro de cerdas en jaulas donde no pueden ni girarse ni ponerse de pie; y la ‘Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas’ proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, permite golpear con una tubería metálica a un lechón enfermo.

Subraya que, según el Eurobarómetro sobre las ‘Actitudes de los europeos hacia el bienestar de los animales’, el 94% de la ciudadanía considera que es importante proteger el bienestar de los animales explotados en granjas y el 64% asegura que le gustaría disponer de más información sobre las condiciones en las que se encuentran esos animales.

Por eso considera necesario presentar a esa ciudadanía evidencias de lo que es en realidad ese “bienestar animal”, en una industria que es la primera exportadora de carne de cerdo de la Unión Europea, y cuya facturación supera los 15.000 millones de euros. La población de cerdos en el Estado español es la mayor de toda la UE y la tercera del mundo.

A pesar de la publicidad, explica, más del 95% de la carne de cerdo que se consume en España procede de granjas intensivas. El informe en el que se plasma esta extensa investigación detalla las fases de la explotación, las características de cada una de ellas y lo que en cada una de ellas permite la normativa, así como las irregularidades que, a la vista de las escasas inspecciones (según los datos oficiales) son ignoradas o consentidas.

La investigación ha podido documentar, sin permiso de los responsables, todas las fases de la explotación de cerdos, pero no se han podido obtener imágenes de cómo los animales son manejados por los operarios, porque, según asegura Aitor Garmendia, todas sus peticiones han sido denegadas.

EL ANIMAL, COMO UNA MÁQUINA

El informe cita unas palabras extraídas de una revista ganadera publicada en los años setenta: “Olvidemos que el cerdo es un animal. Tratémoslo como a cualquier otra máquina de la fábrica" y detalla algunos de los procedimientos habituales en los primeros días de vida de los lechones, todos ellos estandarizados, sistematizados por la industria, perfeccionados por entidades veterinarias, y compatibles con la legislación vigente: destete a la fuerza; la mutilación de genitales, rabo y dientes (que se puede hacer sin anestesia hasta el séptimo día de vida), además del marcado e identificación.

En las granjas investigadas se han documentado casos de afecciones respiratorias (reconocidas como una de las mayores preocupaciones por la salud de los cerdos, debido a su incidencia en la producción y a su coste económico); caudofagia (morderse el rabo unos a otros) y canibalismo; prolapso rectal; tumefacciones anormales como abscesos y hernias; también afecciones oculares.

La ley proporciona además una serie de procedimientos para los animales a los que no compensa proporcionar atención veterinaria o que presentan afecciones consideradas un riesgo para la producción o para la salud pública: “pistola de perno cautivo y posterior descabello o degüello; golpe contundente en la cabeza mediante un objeto pesado -se citan como ejemplos: martillo, porra o tubería metálica- para cerdos con un peso menor de 5kg; arma de proyectil libre, como pistola, escopeta, rifle o revólver; descarga eléctrica para cerdos con un peso superior a 5kg; asfixia por inhalación de gas en contenedores; o inyección letal. Salvo esta última, que debe ser ejecutada por personal veterinario, todos los procedimientos pueden llevarse a cabo por los operarios de la granja”.

Además, concluye, según los datos facilitados por el Gobierno, en 2017 se hicieron 11.195 inspecciones en materia de bienestar animal, de un total de 364.430 explotaciones ganaderas, y se notificaron incumplimientos en el 19,38%. Si esos porcentajes se consideran representativos de la realidad, se puede concluir que más de 59.000 explotaciones incumplieron la normativa y no fueron inspeccionadas.