Cuentas públicas

Montero entrega a Batet unos Presupuestos que el Gobierno espera aprobar en la segunda semana de enero

MADRID
SERVIMEDIA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó este miércoles a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que aprobó ayer el Consejo de Ministros, iniciando así su tramitación parlamentaria.

Montero llegó al Congreso a través del Patio de Floridablanca a las 15.15 horas, acompañada de la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y las secretarias de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, y de Hacienda, Inés Bardón.

A continuación, en el Salón de Pasos Perdidos, Montero entregó, en formato físico, a través del conocido libro amarillo, y digital, mediante una tablet, el proyecto de Presupuestos a Batet, quien iba acompañada por la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Eloy Suárez.

Una vez registrado el proyecto, la Mesa del Congreso se reunirá para calificarlo a las 16.15 horas y establecerá el calendario de tramitación de las cuentas públicas del Estado, que según el artículo 133 del Reglamento de la Cámara Baja goza de preferencia sobre el resto de trabajos parlamentarios e iniciativas.

En concreto, los grupos parlamentarios tendrán hasta las 14.00 horas del 30 de octubre, mientras que el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad será hasta el 6 de noviembre, a las 14.00 horas. La celebración de las comparecencias será entre el 4 y el 6 de noviembre, y el debate de totalidad se celebrará en los días 11 y 12 de noviembres.

Posteriormente, los grupos podrán presentar enmiendas al articulado hasta las 14.00 horas del 16 de noviembre, mientras que el informe de la ponencia de la Comisión de Presupuestos será el 20 de noviembre y el dictamen será el 27 del mismo mes. De esta forma, el debate y votación en el Pleno del dictamen de la Comisión será del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Tras el Congreso, el proyecto pasará al Senado, donde, según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, la tramitación llevará unos veinte días, volviendo de nuevo a la Cámara Baja para validar o tumbar las enmiendas introducidas en la Alta, de forma que la previsión es que las cuentas públicas sean aprobadas definitivamente en torno a la semana del 11 de enero.

A las 16.15 horas, en la Sala Ernest Lluch, la titular de Hacienda, junto al resto de altos cargos de su Ministerio, ofrecerá una rueda de prensa ante los medios de comunicación para detallar el contenido del proyecto de cuentas públicas.

CONTENIDO

Por el lado de los ingresos, los Presupuestos contemplan una mejora de los ingresos públicos del 14,7% en 2021, gracias a la mejora del ciclo económico y la previsión de crecimiento del PIB del 9,8% con el impulso de los fondos europeos. Sobre el conjunto de las medidas de ingresos incluidas en los PGE, la previsión de Hacienda es que tengan un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022, que se suman a los 4.223 millones que Hacienda calcula que aportarán todas las medidas tramitadas al margen de los PGE.

En concreto, el proyecto de PGE de 2021 incluye subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales. El objetivo de estas medidas es dotar de mayor progresividad a este impuesto, según declaró Montero, que subrayó que estos cambios en el IRPF afectarán a 39.194 contribuyentes, el 0,17% del total, con un impacto de 491,4 millones de euros adicionales en la recaudación (144 en 2021 y 346 en 2022).

En la misma línea, el Ejecutivo plantea establecer la vigencia del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, ya que hasta ahora era necesario prorrogar su vigencia año a año, y eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%.

Además, en línea con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumenta la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, se limita al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100% durante tres años. El Ejecutivo estima que esta medida afectará a 1.739 empresas, el 0,12% del total, y que tendrá un impacto recaudatorio de 1.520 millones de euros (473 en 2021 y 1.047 en 2022).

En cuanto a la fiscalidad verde, se acerca la tributación del diésel a la de la gasolina, al reducir la bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros y aumentar el tipo estatal de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, acercándose a los 40,07 céntimos por litro de gasolina, aunque se mantendrá la tributación y bonificación del gasóleo profesional. Hacienda calcula que esta medida supondrá un coste de 3,45 euros más al mes para un consumidor medio y 500 millones de euros adicionales en la recaudación (450 en 2021 y 50 en 2022).

Por último, los Presupuestos incluyen la revisión del impuesto a las primas de seguro, sin modificaciones desde 1998, incrementando el gravamen del 6% al 8%, de forma, resaltó la ministra, que seguirá “muy por debajo de la media europea y sensiblemente de países como Alemania (19%), Reino Unido (12%) o Italia (entre el 12,5% y el 21,5%).

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre y cuya tramitación ha sido o es al margen de los PGE, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin; el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%; y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.

GASTO SOCIAL

Para la elaboración de estas cuentas públicas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre un incremento del 53,7% en el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, hasta los 196.097 millones de euros, gracias a la suspensión de las reglas fiscales que permiten la Comisión Europea, la Constitución y la Ley de Estabilidad en caso de situación extraordinaria, como la vivida por el coronavirus. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos contempla un gasto no financiero 1.639 millones de euros por debajo de dicho límite, situándolo en 194.456 millones de euros.

Según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la estimación es que el déficit público cierre 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.

Por el lado del gasto, el Gobierno destaca que los Presupuestos de 2021 supondrán “el mayor gasto social de la historia”, con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un 6,2%. A este respecto cabe señalar que dicha cifra es superior a la del techo de gasto ya que este sólo tiene en cuenta el gasto de la administración central, mientras que la cifra de gasto social incluye el que realizan otras administraciones, como la Seguridad Social.

La mayor partida de gasto será la de pensiones, que, al revalorizarse en un 0,9%, en línea con la previsión de IPC, supondrán un gasto de 163.297 millones de euros, un 3,2% más que el Presupuesto homogéneo de 2020. Además, se incrementan en un 1,8% las pensiones no contributivas, mientras que el sueldo de los empleados públicos aumentará un 0,9%.

En Sanidad, se producirá un incremento en 3.149 millones, un 75,3% más, hasta los 7.330 millones, incluyendo los fondos comunitarios. En este ámbito, el Ministerio de Sanidad destinará 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y reforzar la atención primaria. Para Educación, los Presupuestos incrementarán su financiación un 70,2%, con 2.017 millones más.

(SERVIMEDIA)
28 Oct 2020
IPS/MML/mjg