Fuentes presentes en su declaración como testigo, aseguran que la abogada ha dicho al juez que el líder de Podemos vio el mensaje, pero nunca respondió. En una declaración de tres horas, Carmona detalló que envió ese mensaje a través de Telegram el pasado 4 de diciembre de 2019. En él aseguraba que su despido era “una represalia” por haber detectado “irregularidades graves”.

Advertía que esos hechos “podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional". La abogada hacía esta comunicación a Iglesias antes de poner su despido y el del también abogado José Manuel Calvente en conocimiento del Consejo Ciudadano Estatal de la formación.

Mónica Carmona y José Manuel Calvente fueron cesados en diciembre de 2019 como abogados del partido después de hallar supuestas irregularidades dentro de Podemos. Con posterioridad, Calvete denunció el caso a la justicia.

En esta causa están imputados el partido por financiación ilegal y delito electoral; el extesorero, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Val; el número dos de Iglesias en la Vicepresidencia, Juanma del Olmo, y el administrador de Unidas Podemos, Carlos García Ramos.

La letrada debía haber declarado el pasado 15 de septiembre, pero problemas con los tiempos previstos para la videoconferencia desde Barcelona lo impidieron, por lo que Escalonilla volvió a citarla para este miércoles.

Calvente aseguró al juez que él y Carmona investigaron presuntas irregularidades internas y que eso provocó su despido. Ante el juez aseguró que esos hechos se referían a los servicios electorales contratados por Podemos con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de la abogada de la formación Marta Flor, y la licitación irregular de las obras de reforma en la sede nacional de Podemos.

El juez ya ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa en lo relativo a la presunta ‘Caja B’ de Podemos, descartando el delito de administración desleal al considerar que “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político”. En su auto aseguró que las denuncias de Calvente se basaban en “rumores y sospechas”, pero continúa investigando los otros tres supuestos.

El aspecto más grave que está bajo la lupa judicial es el de los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Esos cobros alcanzaron la cantidad de 363.000 euros y, al parecer, “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado”, sino que habrían sido “una distracción de dinero” de las cuentas del partido constitutiva un delito electoral.